Un informe producido por la Asesoría General Tutelar (AGT) del Ministerio Público de la Ciudad sobre los programas para la infancia del gobierno porteño pone en tela de juicio la eficacia de los Centros de Primera Infancia (CPI). La titular de la AGT, Laura Musa, le dijo a Página/12 que al depender del Ministerio de Desarrollo Social “no forman parte de la política educativa”, a pesar de que el gobierno porteño considera como “escolarizados” a los 1842 niños y niñas que concurren a los 20 CPI que están funcionando.

“Todo comenzó porque había un hueco de ocho mil vacantes y esto no se soluciona sólo con la contención social, que puede ser importante ante una situación de emergencia, pero no pone fin al problema creado por la falta de jardines de infantes y de vacantes en los primeros grados”, precisó Musa. Recordó que las autoridades porteñas “reconocieron el problema y prometieron una solución progresiva, pero no cumplieron. Hay vacantes en Belgrano y en Palermo, pero no las hay en Villa Soldati o en Lugano. Todo se debe al mismo problema: no se planifica el hábitat en esos barrios pobres y tampoco se busca una salida al problema educativo”.