El 18 de marzo de 2009, los policías federales de Olavarría irrumpieron en la casaquinta de Cocho con dos peritos, uno químico y otro botánico, dos testigos y las cámaras de los noticieros. Fue señalado como el líder de una organización internacional dedicada a importar estupefacientes. Se lo llevaron demorado a él y a los dos empleados de su tienda, en el centro de la ciudad. Cocho sabía de la existencia de una denuncia desde hacía meses, pero no se ocultó ni mudó las plantas. Quería conseguir sentar alguna jurisprudencia, a sabiendas del vacío legal imperante.

Por entonces, Eduardo Lapente, uno de sus abogados, señaló a Página/12: “Se llevaron las plantas para analizarlas y ver qué sustancias psicoativas contienen y en qué cantidad; cuando en realidad un delito tiene que estar tipificado con anterioridad, si no, no puede aprobarse un allanamiento”. Nada de esto fue considerado en un noticiero de la televisión abierta, en horario central, donde insistían en el mérito de la inteligencia policial “para desbaratar” a la supuesta “banda de los cactus”.

En ese informe televisivo, una autoridad judicial afirmaba que la banda “traficaba semillas” mediante el correo internacional y una supuesta especialista en botánica decía disparates: “Los cactus se pueden ingerir en infusiones, bocaditos o en forma de taco, como en México”.