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Dos empresarios –ninguno de los dos vive ya en la provincia puntana– vieron cómo su vida daba un vuelco irreversible a partir de la batalla judicial que mantuvieron con un alto funcionario de un municipio del interior de San Luis, que utilizó todo su poder para ponerlos contra las cuerdas. El conflicto comenzó en setiembre de 1997, cuando ambos resolvieron presentarse a un llamado a licitación para construir un centro comercial y un patio de comidas en la terminal de ómnibus de una de las principales regiones turísticas de la provincia. La obra tenía una inversión superior a los dos millones de pesos y la debacle de los empresarios comenzó cuando se negaron a pagar una coima de 38.000 pesos que les fue exigida con la patética excusa de “indemnizar a un antiguo administrador” y dejarles el camino libre hacia la licitación.
Dispuestos a hacer conocer el acto de corrupción, los empresarios se presentaron en un programa de televisión de la Capital Federal donde hicieron un relato pormenorizado de los hechos. Ante la denuncia pública, la actitud del funcionario puntano fue la de pasar al ataque y convertirse de acusado en acusador. Esta etapa empezó con una carta documento en la que amenazaba con iniciar una querella “por calumnias e injurias” que podría derivar en una millonaria indemnización.
Los dos empresarios fueron citados a prestar declaración ante un juzgado de San Luis, donde, como es notorio a partir de varios casos que son de dominio público, la Justicia siempre parece sujeta a los deseos del poder político. Al declarar en la causa por calumnias e injurias, los dos empresarios ratificaron su acusación y precisaron que el intento por cobrar una coima se había producido en el despacho del alto funcionario.
En el marco de la controversia surgida a partir del rechazo a pagar la coima, uno de los empresarios recibió una amenaza que poco tiempo después se concretó: “Le vamos a expropiar el negocio”. La frase, en boca del funcionario, se convirtió en hecho por vía de un decreto. De esa forma, el damnificado vio cómo las autoridades municipales se hacían cargo de una heladería que la familia tenía en la zona céntrica de la turística ciudad. La maraña jurídica comenzó a enredarse cada vez más y los empresarios tuvieron que batallar tanto en el plano penal, para eludir todas las inhibiciones impuestas por el municipio, como en el plano civil, para reclamar un resarcimiento económico que todavía no llegó. En el marco del penoso trámite tomaron intervención el Concejo Deliberante, la Fiscalía de Estado, legisladores del radicalismo y el peronismo puntano, y hasta el mismísimo gobernador (por entonces) Adolfo Rodríguez Saá.
Uno de los empresarios pidió la intervención del defensor del Pueblo de la Nación y de los senadores Alberto Rodríguez Saá y Carlos Bergnese, pero ninguno pudo lograr un avance significativo. El larguísimo proceso se extendió hasta junio de 2001, cuando la causa por presunta coima fue cerrada en el fuero penal. El juez a cargo dijo que “no se han colectado pruebas suficientes que avalen los dichos” de los denunciantes. En el ínterin, los empresarios y varios testigos sufrieron penurias económicas y presiones que los obligaron a dejar la provincia. Todavía hoy sus intereses siguen siendo jaqueados por el poderoso rival.