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“Tenga cuidado, mire que al pibe lo quisieron matar varias veces.” El cabo Marcelo Hawrylciw sufrió siete atentados contra su vida después de haber denunciado por corruptos a sus jefes de la Comisaría 16ª, del barrio porteño de Constitución, en el año 1998. En 2001 lo exoneraron de la Policía Federal y cada vez que alguien pide sus antecedentes laborales, las fuentes administrativas de la institución responden con la frase que abre la nota. “Con la manito que me dan es imposible conseguir un trabajo estable, porque nadie quiere exponerse a que le pongan una bomba o a sufrir un ataque a balazos. Lo que no dice la Federal es quiénes son los que tienen interés en que yo desaparezca del mapa.” La causa iniciada a partir de la denuncia presentada por Hawrylciw, impulsada casi en soledad por el fiscal Pablo Lanusse, tuvo importantes avances en la investigación, pero muchas trabas leguleyas que impidieron que se extendiera a otras nueve comisarías y alrededor de 140 sospechosos.
Entre otras bombas que sí explotaron, en la interna policial, el caso provocó la caída de tres pesos pesados de la Federal: el comisario general Luis Fernández, el comisario Carlos Navedo y el comisario inspector Alejandro Di Nunzio. Fernández es un gordito de bigotes que hacia fines de los noventa se había convertido en la cara visible de la Federal desde su cargo de jefe de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana. Fuentes de la misma fuerza reconocieron que cuando le llegó la baja definitiva, el comisario Fernández, fuera de sí, le pateó la puerta al jefe de la Federal, que era entonces el comisario Rubén Santos, a quien le gritó “traidor”. Santos, hoy procesado por los homicidios ocurridos durante la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001, nunca abrió la puerta.
A mediados de 1998, después de hacer la denuncia, Hawrylciw pidió seguir trabajando en la Federal, como si nada hubiera pasado. “Lo hice por la falta de experiencia. Muy pronto me di cuenta de que estaba luchando contra la corporación. Ya no encajaba porque todos me trataban como si fuera un traidor. Los jefes habían dado la orden de que nadie me hablara y nadie me dirigía la palabra. Era un fantasma.”
El testigo en peligro sigue actuando como policía y con todas las antenas alertas para evitar cualquier emboscada. A la entrevista lleva un handy y una cámara digital en miniatura con la que le sacó una foto de asalto al cronista de este diario. “Mirá, saliste bastante bien”, bromeó después. Su relato rumbea varias veces hacia el grotesco. Lo más insólito es la forma en que resolvieron su exoneración, tras un extraño incidente.
El episodio ocurrió en agosto de 2001 en Villa Corina, partido de Avellaneda, cerca del domicilio de Hawrylciw. El testigo protegido iba en el asiento de atrás de un viejo Ford Falcon de color verde. Adelante iban los cabos Oscar Valdés y Gustavo Domínguez, sus custodios de turno. Uno de ellos iba al volante y comenzó a correr detrás de un auto remise conducido por Jorge Quiroga. La persecución comenzó, según los custodios, porque el remisero “cruzó dos semáforos en rojo”. Aunque no era su jurisdicción –ellos eran de la Federal–, igual intervinieron.
Alcanzaron al remisero, se armó una pelea y los tres, incluyendo a Hawrylciw, terminaron golpeando a Quiroga, quien luego los denunció. Según el testigo en peligro, se trató de “una cama porque el remisero es pariente de uno de los policías de la Federal a los que yo denuncié”. Por ese motivo, Hawrylciw fue exonerado y el moño fue la justificación que le dio un jefe de la Federal: “No podés andar corriendo remiseros con un Ford Falcon, con la mala fama que tienen esos autos”. Además de echarlo sin pagarle un solo peso, lo mandaron tres días a la comisaría de El Jagüel, la misma que fue quemada por los vecinos luego de la aparición del cadáver de Diego Peralta. En esa comisaría estaban detenidos varios miembros de la Federal acusados por diversos delitos, entre ellos algunos de los que habían caído por la denuncia de Hawrylciw. “¿Querían que me mataran? ¿Es muy exagerado pensar eso?”, concluyó el testigo, que todavía hoy, a cinco años de la denuncia, sigue teniendo asignada una custodia que lo sigue a todas partes, incluso a la entrevista con Página/12.