A diferencia de otros años, los últimos cultivadores de marihuana allanados reciben el apoyo del activismo cannábico, de sus amigos y compañeros de trabajo. “No había pasado media hora del operativo que ya había gente en la calle”, dice Julián Peré, 49 años, usuario medicinal. El 23 de marzo pasado, con una orden del juez Sergio Torres, su casa de Boedo fue requisada y secuestraron 56 plantas, que cultivaba con su mujer. En mayo de 2011, tras recibir cuatro años de condena, con prisión efectiva, Pablo Aguirre tuvo el apoyo de sus compañeros del Ministerio de Educación de la Nación, quienes cortaron varias veces Santa Fe y Callao en solidaridad. Tenía diez plantas y pasó diez días detenido en una comisaría.

Entre los allanamientos más difundidos estuvo el Matías Faray, integrante del Club de Cannabicultores del Oeste. Este nunca ocultó su pasión por el cannabis: antes de ser detenido en febrero de 2011, su cara y sus plantas habían salido en varias revistas y también en televisión. Según denunció en su momento, el allanamiento, de donde se llevaron 25 plantas, fue lo más parecido a un asalto. Faray contó que los policías que requisaron su departamento quisieron coimearlo y como no aceptó, le robaron: “Les tuve que pedir que me dejaran plata para pagar el alquiler”. En la actualidad, aguarda un juicio oral donde podría recibir condenas de hasta quince años de prisión, mientras trabaja en una zapatería. Está acusado de “siembra y cultivo de cannabis” y tiene prohibido volver a cultivar.

Un año antes de la detención de Faray, otro activista, que también había pasado dos semanas preso, consiguió un fallo histórico. Julio Golot tenía 39 plantas en su casa de San Fernando. La fiscalía pidió ocho años, luego de que la policía consiguiera la orden de allanamiento aduciendo que Golot comerciaba su cosecha. Nada pudo ser demostrado. El insistió en que las plantas eran para su consumo y el juez Federico Xavier Tuya, de San Isidro, decidió sobreseerlo. Tuya declaró la “inconstitucionalidad” de penar el cultivo o acopio de semillas “utilizables para obtener estupefacientes destinados para su consumo personal”. El juez tomó la decisión basándose en el fallo Arriola de la Corte Suprema de Justicia, que en 2009 declaró la inconstitucionalidad de castigar la tenencia de drogas para uso personal. Peré espera que la Justicia considere el fallo Golot para evaluar su cultivo medicinal.