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Era de esperar. En el juicio en su contra, María Ovando lleva la peor parte: está acusada por quien la debió proteger. Mucho más, el Estado debió proteger a su hija, por la que ahora clama castigo, nada menos que por abandono.

Durante el juicio fueron citados, como testigos, prácticamente todos los responsables de que María Ovando haya pasado por el banquillo: el intendente de Colonia Delicia, Eberht Vera, aseguró que habían provisto de cuchetas, elementos del programa Hambre Cero como mamaderas, leche, kits de cubiertos. Dijo que Ovando vivía a 12 kilómetros de la municipalidad y a tres del centro de salud más cercano. Dijo que la visitó y que ella concurría semanalmente a la municipalidad. Dijo que la madre de Ovando la acusaba de dejar encerrados a los hijos cuando no estaba. Traduzco para los más urbanos, 120 y 30 cuadras de ida y otro tanto de vuelta. ¿Se supone que debería ir con los 12? ¿Algún familiar la ayudaba para cuidarlos, incluido el entonces no fallecido Demetrio Godoy Ramírez, su pareja? ¿Por qué sus hijos estaban indocumentados, no estaba garantizado de parte del Estado? El fiscal Federico Rodríguez dijo que Ovando había mentido, que está probado que se le dieron planes: “Sí, se le había dado algo”. Da pudor pero dijo así: “Algo”.

Citaron a los médicos. El director del hospital de Delicia, Julio Benítez, dijo que asistió a la mujer en su domicilio (traduzco, 16 metros cuadrados, 14 personas al menos), donde había encontrado a la pequeña con un cuadro de desnutrición crónica, cuatro meses antes de su muerte. También dijo que sus hermanitos de 2, 4 y 6 años tenían pediculosis, lesiones en el cuero cabelludo y también estaban en estado crítico. Benítez ordenó antibióticos, les aplicó las vacunas que les faltaban y le recomendó a María Ovando llevar a sus hijos al centro de salud o al hospital de Delicia. Dijo que nunca los llevó, ya que no había registro de su visita. Traduzco, 30 cuadras de ida y 30 de vuelta con uno o más de sus hijos. Dejando de lado a María Ovando, el director conoció la situación de los niños. ¿No existe obligación por parte del Estado de asistir a los niños cuando es evidente que sus padres no logran, por el motivo que fuere, promover su atención? ¿Acaso con una recomendación alcanza para salvar las responsabilidades?

Godoy Ramírez murió bastante después de morir la niña. ¿No era responsable? ¿El juez Roberto Saldaña primero y el fiscal Federico Rodríguez ahora juzgan el rol de la buena madre?

¿Si el Estado usa ahora la fuerza, por qué no la usó antes, la fuerza centrífuga de sus camionetas para el traslado, por ejemplo? Dirán, porque ya lo han dicho, “una vez, sí; dos, tres veces, tal vez; es mucha gente humilde, no se da abasto”.

María Ovando, analfabeta, 12 hijos, indocumentados, vivienda de 4 x 4, picapedrera, abandonada por sus parejas y su familia, a 30 cuadras de ida del centro de salud y 120 de la municipalidad.

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