Luego de la desfederalización de los delitos menores vinculados con las drogas ilegales, aprobada a mitad de año, la Justicia cordobesa dio muestras de su apego a la jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de la Nación. Y lo acaba de hacer en un caso paradigmático: un cultivo colectivo de 80 plantas de marihuana en Villa Parque Los Reartes, en el valle de Calamuchita. Tras un allanamiento el martes pasado, fue demorada una persona de 40 años y ese mismo día el secretario penal de la Fiscalía de Instrucción de la ciudad de Río III, Luis Pizarro, dispuso que se lo identificara y se lo liberara. Una semana antes, los fiscales provinciales adelantaron que no perseguirán a consumidores ni a autocultivadores, ya que los amparan varios fallos de la Corte y también la propia Constitución nacional.

“En atención a las pautas legales y jurisprudenciales que nutren a la materia, y propendiendo a un eficiente uso de los recursos materiales y humanos disponibles, esta Fiscalía General establece como pauta central de política criminal en relación con la persecución penal de estos delitos, que deberá priorizarse el tratamiento de aquellos casos que importen oferta de drogas”, indica una instrucción firmada el 29 de noviembre por la procuradora general María Marta Cáceres de Bollati.

En esa instrucción se excluye a los usuarios como objeto de persecución. “En cuanto a la tenencia de drogas ilícitas para consumo personal, la punición de estas medidas ha sido declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del precedente ‘Arriola’. Si bien en nuestro sistema jurídico la declaración de inconstitucionalidad sólo tiene efectos para el caso concreto, el procesamiento de las personas cuyas conductas se subsuman claramente en los parámetros establecidos por el referido fallo implicaría un dispendio de recursos humanos y materiales, detrayéndolos de la persecución de los delitos vinculados al tráfico ilegal de estupefacientes y fármacos”, dice la instrucción.