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Las vacaciones de Juan Manuel Combi fueron interrumpidas por las novedades del caso Arruga. “Hace dos días que no paro de hablar por teléfono”, comenta este abogado desde las playas de Villa Gesell, donde se encontró con amigos de Luciano. Combi viene siguiendo el caso desde hace casi cuatro años, como integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza. “El cambio del fuero ordinario al federal es algo que llega tarde y es muy importante porque es fruto de una larga lucha de la familia Arruga”, afirma el letrado.

–En 2010 también hubo una posibilidad de que el caso pase a la Justicia Federal pero se frustró. ¿Cómo surgió ese pedido?

–En su momento pedimos que se investigue la privación ilegítima de libertad porque todavía no existía la figura penal de desaparición forzada pero sí estaba clara la hipótesis policial en el caso. No solicitamos otro fuero pero la fiscal (Celia Cejas) sugirió que la causa vaya a fuero federal pero el juez (Gustavo Banco) entendió que era competente. Nosotros solo queríamos que no se instruyera por “averiguación de paradero” pero la competencia federal estaba implícita porque sostuvimos que se trataba de privación ilegítima de libertad con personal policial implicado, todo encuadrado en la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas.

–Es técnicamente similar al caso de Julio López o de Iván Torres, como se advierte en el fallo que acaba de salir.

–El tipo penal es privación ilegítima de libertad pero la carátula es por desaparición forzada, es una excepción que se hizo en los juicios de lesa humanidad. La carátula es para encuadrar el caso y la investigación penal. Lo mismo pasa con la “averiguación de causales de muerte” en un suicidio. Ese no es un tipo penal porque después el hecho puede terminar en una imputación de homicidio simple. En nuestro caso, la desaparición funciona como carátula, no como imputación, porque por el momento no hay imputados. Ojo, que la Justicia Federal puede rechazar esta causa y tendría que resolver el tema la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

–Luego de la detención del policía Diego Torales, esta es la segunda noticia importante del caso, luego de cuatro años. ¿Cómo la recibió?

–Me había tomado 10 días de licencia y hace dos que no paro de hablar por teléfono. Era algo que yo esperaba hace mucho tiempo como abogado, casi como miembro de la familia Arruga y como militante de los derechos humanos. Y es producto de la larga lucha de la familia y sobre todo de Vanesa (Orieta, hermana de Luciano). Ojalá se reproduzcan miles de Vanesas y miles como sus amigos porque muchas veces en los barrios, las familias carentes de recursos no llegan a hacer nada ante estos casos. La Justicia tiene que escuchar a los pibes del barrio, que militan, que están ahí. Luciano no está perdido, acá se denunció una problemática y hay que hacer algo, hoy por primera vez nos escuchan.