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Paula Litvachky es la directora del área de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que junto a la APDH de La Matanza representa a los particulares damnificados por la desaparición de Luciano Arruga. “Se empiezan a ver resultados que eran muy esperados pero esto no quiere decir que haya voluntad política del gobierno bonaerense de desarmar las estructuras espurias de la Policía Bonaerense”, aclara esta abogada.

–A su entender ¿qué pasos debería seguir en adelante la causa si es tomada en el fuero federal?

–Creo que primero se tiene que fijar una estrategia de investigación sobre la base de la hipótesis policial, que viene confirmada con la resolución del juez provincial (Gustavo Banco), y buscar que se rompa el pacto de silencio en torno del caso. También hace falta mostrar, con pruebas sostenibles luego en un juicio, los últimos momento de Luciano, qué fue lo que pasó. Hay otra cuestión pendiente: una investigación sobre los indicios y pruebas que existen, porque no se profundizaron. Y pedir cruces de llamados. Nosotros vamos a pedir medidas pero no podemos adelantarlas. Por otro lado, es un problema que hayan pasado cuatro años.

–La detención del policía Diego Torales por las torturas anteriores y este cambio de fuero son mensajes tardíos pero importantes.

–Por ahora los mensajes son judiciales, se avanzó con la investigación con demoras. Hay que esperar. Son mensajes importantes, simbólicos, los primeros elementos que dan fuerza y crédito a lo que se viene denunciando hace cuatro años, pero no es un mensaje del gobierno bonaerense ni su Ministerio de Seguridad y Justicia, porque siguen ciertas lógicas y redes de ilegalidad que se dan en la Policía Bonaerense. Lo de Torales es la reacción a la presión fuerte en el último tiempo y la visibilidad del caso.

–¿Cuáles son indicios para profundizar sobre la hipótesis policial?

–Hay elementos objetivos en la causa de la persecución y hostigamiento contra Luciano. Están los libros de acta fraguados, la policía limpió con lavandina el destacamento donde estuvo él y había móviles policiales que no tenían que estar donde estaban. Que el juez mencione estos indicios cuatro años después es una vergüenza. ¿Por qué no se iniciaron las actuaciones administrativas antes y se profundizó la investigación? Este caso deja a la vista la inercia y inacción judicial.

–¿Qué rol le cabe al gobierno provincial?

–El gobierno tiene que exonerar a los ocho policías que estaban en la seccional la noche de la desaparición y dar cuenta de qué va a hacer en términos funcionales con la policía, cómo la va a controlar si no funcionan los GPS, no se registra la entrada y salida de móviles. Si había relaciones espurias entre los jóvenes de los barrios y los oficiales falta una respuesta que no se limite a este caso sino que implique la intervención directa en algunas jurisdicciones.