“Esta intervención judicial, además de asegurar medidas para proteger los derechos de los internados en el Melchor Romero, apunta a que el Estado bonaerense adecue sus prácticas y su legislación a la Ley Nacional de Salud Mental –estimó Diego Morales, director de litigio del CELS–. Las respuestas que vayan surgiendo en esta causa tendrán implicancias para todo el sistema de salud de la provincia.”

Juan Pablo Banfi es integrante de la ONG Desheredados de la Razón, que trabaja sobre problemáticas de la salud mental y el encierro: “Hace cinco años empezamos a hacer talleres en el manicomio de Melchor Romero. Pero sucedía que muchos participantes dejaban las actividades y era porque se habían muerto. Llegaron a morir diez personas en cuatro meses, más del diez por ciento de los que trabajaban con nosotros”. La acción de los Desheredados sentó bases para el recurso de amparo presentado por el CELS.

Ayer, tras conocerse el dictamen, el Ministerio de Salud bonaerense, conducido por Alejandro Collia, afirmó que “se viene trabajando en la adecuación de los dispositivos del Hospital Alejandro Korn, de Melchor Romero, a la Ley de Salud Mental 26.657”, pero admitió que “el proceso de adecuación a la ley lleva tiempo y trabajo coordinado entre los diferentes estamentos del Estado”. Carlos Sanguinetti –subsecretario de Salud Mental de la provincia– sostuvo que “a partir de la aplicación de la Ley de Salud Mental se redujo un 33 por ciento el número de internaciones en los hospitales neuropsiquiátricos”.