El CELS consideró que “en un contexto de criminalización, se realizaron tareas de Inteligencia ilegal. La Fiscalía provincial debe dar una explicación ya que este tipo de investigación está prohibida y su deber es controlar que esta clase de actividades no se lleven a cabo. La recolección y acopio de este tipo de información está prohibida por la Ley de Inteligencia Nacional”. Solicitó a la Justicia federal que investigue en profundidad y determine quiénes confeccionaron las fichas de Inteligencia y quiénes solicitaron, supervisaron y usufructuaron esa información “producida de manera ilegal”. El Colegio Público de Abogados de Esquel rechazó “enérgicamente el actual accionar de los servicios de Inteligencia, sin orden ni mandato judicial”.