Rodrigo Solá es uno de los abogados que acompaña a las comunidades. Resaltó que es el primer protocolo de consulta y consentimiento nacido desde las propias comunidades, que pone en práctica concreta los derechos vigentes en leyes. “Los funcionarios muchas veces dicen que no saben cómo implementar estos derechos, aquí se les da una respuesta y se les marca el camino”, señaló el abogado, también parte de la ONG Oclade (Obra Claretiana para el Desarrollo). Explicó que también se tomó como referencia los estándares jurídicos marcados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y adelantó que, si los gobiernos toman nota, con este protocolo se evitarán conflictos.

“El protocolo debe ser adoptado en primer lugar por el Estado en todos sus niveles y en los tres poderes toda vez que se pretende implementar cualquier medida administrativa o legislativa. Los jueces deberán aplicar el protocolo Kachi Yupi, bien sea para exigir al Estado su cumplimiento o controlar que se cumpla con lo dispuesto en todo su articulado”, afirmó Solá.