“La mayoría de las comunidades indígenas no cuentan con un reconocimiento legal de su territorio. Esto deriva de la desposesión histórica de sus tierras. Las comunidades sufren desalojos violentos que atentan contra derechos esenciales de los pueblos indígenas”, afirma Amnistía Internacional. Entre los casos destacados sobresale la lucha de 33 comunidades Kollas y Atacama de la Salinas Grandes (Jujuy y Salta) contra la minería de litio; el Lof Mapuche Campo Maripe de Neuquén, ante la avanzada de Chevron-YPF en Vaca Muerta; y la comunidad Pilagá El Descanso de Bañado la Estrella (Formosa) contra obras de infraestructura que inundan su territorio. Hay “significativa distancia entre los derechos vigentes y su efectiva aplicación”, describe Amnistía Internacional en su relevamiento.