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Por M. C.

La reforma que impulsa el gobierno de Sobisch suprime la figura del Defensor del Niño y Adolescente dentro del Poder Judicial, creada por la ley 2302 a modo de un ombudsman de la infancia. Entre otras responsabilidades, el defensor se ocupa del control del cumplimiento de los derechos de los chicos. “Cuando el Estado no cumple, se le inician demandas”, explicó Edith Galarza, defensora adjunta de Neuquén. Así, lograron que se abra una escuela pública para niños autistas, a partir de una demanda presentada por un grupo de padres, ya que no existía ninguna en la provincia, ni siquiera privada, para que pudieran concurrir los chicos con esa enfermedad.
Actualmente, la Defensoría del Niño de la capital provincial tramita 4500 casos propios. Sólo en un 30 por ciento de los casos ha solicitado la intervención de un juez. “Esta tarea se desarrolla en cumplimiento de la norma que manda buscar alternativas a la judicialización de los conflictos, desjudicializar la pobreza y que la medida de privación de libertad sea el último recurso. El proyecto oficial no prevé que ningún organismo lleve adelante esta tarea”, alertó Galarza, en diálogo con Página/12. La Defensoría donde ella se desempeña cuenta con una guardia para urgencias las 24 horas, todos los días. También atiende a través de sus asistentes sociales en los barrios y ciudades de la periferia neuquina y se integra a las redes comunitarias de cada lugar. “Tampoco este trabajo tendrá continuidad en caso de aprobarse la reforma de la ley 2302”, agregó. La funcionaria explicó que la Defensoría es, además, un espacio de contención y protección a los niños víctimas de delitos. “En caso de aprobarse la reforma todas las situaciones de vulneración de derechos de niños, desde las menos graves a las más graves, serán judicializadas a través de la acción de oficio de los juzgados de familia, en una clara regresión al sistema tutelar”, advirtió Galarza.