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Aunque por ahora sólo existe un anteproyecto elevado al Poder Ejecutivo por el ministro de Justicia, Jorge Vanossi, no agendado aún en los temas a tratar por el Parlamento nacional, la posición del oficialismo justicialista y de la policía respecto de los menores delincuentes es clara: bajar la edad de inimputabilidad a los 14 años. La idea, desde hace tiempo latente en el discurso de la mano dura, se reforzó a partir del asesinato de Adrián Falduto, el jefe de custodia del canciller Carlos Ruckauf, supuestamente en manos de un menor de edad.
El anteproyecto, coincidente en el plano ideológico con la media sanción otorgada hace diez días por Diputados a la ley que da prisión perpetua a los homicidas de policías, fue anunciado el pasado 18 de abril por el propio Vanossi. En su discurso, el ministro dio a entender que cualquier chico que a los 14 años delinque es consciente de la gravedad del hecho. Por ello, en el informe del ministerio al presidente de la Nación, Eduardo Duhalde, se exige que los adolescentes de entre 14 y 16 años deban cumplir penas alternativas a la prisión cuyo control esté a cargo de ONG. Mientras que para los jóvenes de entre 16 y 18 se pide el cumplimiento efectivo de las penas durante 9 años como máximo.
Hasta ahora, además de Vanossi, varios legisladores justicialistas y miembros de las fuerzas policiales han apoyado la iniciativa. Sin embargo, la propuesta no estuvo exenta de críticas. Las organizaciones de derechos humanos manifestaron su repudio entendiéndola como “una idea que no haría más que profundizar los procesos de exclusión”. Incluso el propio gobernador bonaerense, Felipe Solá, admitió no estar de acuerdo con Vanossi, al tiempo que reclamó “tolerancia y comprensión” a los uniformados ante la crisis social.