Como todos los años, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) presentó su informe sobre casos de “gatillo fácil” y torturas que terminaron con la muerte de las víctimas, a manos de miembros de las fuerzas policiales o de seguridad estatales. Según el informe, entre el 10 de diciembre del año pasado y el 9 del mismo mes del corriente año, un total de 174 personas murieron en este tipo de hechos, lo que significa que “el Estado argentino sigue asesinando a razón de un caso cada día y medio”, precisó María del Carmen Verdú, abogada de la Correpi. En el informe, al que tuvo acceso Página/12, se afirma que en los últimos tres años las muertes ocurren en su mayoría en dos grandes escenarios: las cárceles de todo el país y los casos de violencia policial callejeros conocidos como “gatillo fácil”. En cada uno de esos rubros se ha registrado, entre 2003 y 2006, idéntico porcentaje: 42,04 por ciento, lo que significa en conjunto casi el 85 por ciento del total.

Si se toman en forma lineal los 174 casos ocurridos en el último año, la policía de la provincia de Buenos Aires intervino en el 47,44 por ciento de los casos reunidos en el informe. Le siguen, en orden de importancia, las provincias de Santa Fe (11,93 por ciento) y de Córdoba (8,85); la ciudad de Buenos Aires (7,86) y la provincia de Corrientes (2,70 por ciento de los casos computados). En cambio, si se toma la cantidad de muertos en cada jurisdicción y se hace una proporción de los casos por cada millón de habitantes, Santa Fe es la provincia que reúne el mayor porcentaje relativo, seguida de Catamarca. En este muestreo, la provincia de Buenos Aires queda en tercer lugar, teniendo en cuenta que es la de mayor densidad poblacional del país.

En las 174 muertes ocurridas desde diciembre de 2005 a la fecha, las distintas policías de todo el país tuvieron intervención en el 68,13 por ciento de los casos. El resto se distribuye entre los servicios penitenciarios de todo el país (15,58 por ciento), Policía Federal (9,63 por ciento), seguridad privada (2,03), Gendarmería Nacional (1,61) y Prefectura Naval (1,09 por ciento). En cuanto a la edad de las víctimas, el 67,78 por ciento tenía entre 15 y 25 años, mientras que otro porcentaje importante, el 18,56, tenía entre 26 y 35 años.

La Correpi también hace una evaluación de las muertes por “gatillo fácil” o torturas ocurridas desde la asunción del actual gobierno de Néstor Kirchner, el 25 de mayo de 2003, hasta la fecha. En ese sentido, sostiene que se produjeron “635 muertes en 42 meses, lo que hace un promedio de un muerto cada día y medio, un porcentaje que ningún gobierno anterior tuvo”. En el informe se asegura que los casos que se toman son los que han trascendido y se estima que “es imposible calcular la ‘cifra negra’ del gatillo fácil y de las muertes en cárceles y comisarías”.

En el informe se asegura que las cifras confirman que “los jóvenes son el blanco favorito” de una forma de represión a la que se denomina como “preventiva”, porque tiene por objeto, según dice la Correpi, “controlar y disciplinar a los sectores pobres no organizados, sin otro criterio de selectividad que la pertenencia de clase”. Respecto de las exoneraciones y pases a retiro forzados realizados, sobre todo en la Policía Bonaerense, se afirma que “no hay purga que pare el gatillo fácil”.

También se señala que este año se confirmó una vez más “la constante participación policial en delitos comunes, vendiendo información, proveyendo zonas liberadas, proporcionando armas o interviniendo directamente en la organización de robos tipo comando, tráfico de drogas y autos robados, secuestros extorsivos, etcétera”. Respecto de los casos de tortura seguido de muertes ocurridos en cárceles o comisarías, se recuerda que en la Argentina “no llegan a una docena las condenas en todo el país por ese delito” y que los jueces “son reacios a aplicarlas porque señala con más claridad que ninguna otra figura la responsabilidad institucional”. Sobre las muertes ocurridas en comisarías, se resalta que en muchos casos las víctimas “no estaban detenidas por delitos sino por arrestos policiales para ‘averiguación de antecedentes’”.