El asesinato de la vecina de Lanús es una muestra más de lo peligroso que es tener un arma como una forma de defensa ante los índices de inseguridad. Derribar los mitos creados en torno de la necesidad de poseer un arma es uno de los objetivos del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego que comenzará a implementarse a partir de abril en todo el país. Aunque el texto de reglamentación estará listo en unos quince días, según estimaciones oficiales, ya fue definido que por cada arma entregada, el gobierno nacional desembolsará un incentivo de entre 100 y 450 pesos. Ese dinero podrá retirarse después de cinco días de la entrega en alguno de los bancos habilitados para la transacción.

El director nacional del Registro Nacional de Armas (Renar), Andrés Meiszner, explicó a Página/12 que las personas que decidan entregar su arma de fuego, ya sea legal o circule en el mercado negro, recibirán a cambio un premio en concepto de dinero. Esa suma, especificó, “variará de acuerdo con el tipo de arma y su valor en el mercado”, aunque luego estimó que los montos “se ubicarán entre los 100 y 450 pesos”.

El programa prevé la inutilización del arma para su posterior destrucción y la entrega de un cheque con cobro diferido al usuario que se desprenda del arma. “La idea es brindar seguridad a la población y garantizar transparencia en el intercambio”, explicó el funcionario. Después de cumplirse cinco días de la transacción, la persona podrá dirigirse a las entidades bancarias a cobrar el dinero. “Durante ese período podremos chequear el arma, si, por ejemplo, tiene pedido de secuestro. También, podemos brindar seguridad al usuario en caso de extravío del cheque”, puntualizó.

Estos son los únicos puntos en los que se avanzó en la redacción del texto de reglamentación de la ley 26.216, sancionada en diciembre pasado por el Congreso Nacional y promulgada en enero por el Poder Ejecutivo, que busca desalentar la posesión de armas en manos de los ciudadanos. Según números del Renar, en la actualidad están registradas 1.250.000 armas en manos civiles, 550 mil son utilizadas por las fuerzas de seguridad y se estima que en el mercado negro circulan otras 800 mil.

Uno de los puntos a definir es el rol que cumplirán las provincias en la ejecución del programa nacional. Las ONG que desde hace años venían reclamando al Estado nacional la implementación de políticas públicas en esta materia propusieron que las administraciones provinciales brinden un plus más que lleve a la gente a abandonar el uso de armas.

“Hace falta que las provincias intervengan en esto con el agregado de proyectos ingeniosos. La idea es que, además de ganar dinero, la gente pueda acceder por ejemplo a tickets para comprar alimentos, entradas para eventos sociales como el fútbol, a descuentos en medicamentos”, sostuvo Gabriel Conte, miembro fundador de la Red Argentina por el Desarme y colaborador, a través del Ministerio de Seguridad de Mendoza, de la ejecución del programa de entrega de armas a cambio de tickets durante 2001 en esa provincia. A partir de esta iniciativa lograron recolectar tres mil armas y ocho mil municiones.

Dónde funcionarán las bocas de recepción de las armas de fuego es otro de los problemas por resolver en los próximos días. Las alternativas son las comisarías, bomberos, sedes municipales, tiros federales y agencias de Renar. Lo que sí está casi definido es que se habilitará un puesto fijo por provincia y otros móviles distribuidos por todo el país.

El programa de entrega voluntaria se implementará, durante 180 días a partir de abril, con la posibilidad de extenderlo por el mismo plazo. “El punto final de este trabajo debe ser reformar la Ley de Armas para hacer más rigurosas las penas por portación ilegal”, sostuvo Meiszner. Tanto Conte como Darío Kosovsky, otro miembro fundador de la Red, no coincidieron en este punto, ya que sostuvieron que “una sociedad armada no se combate con aumento de penas”. “Habría que cambiar la concepción de portar un arma para que no sea visto como un derecho, sino como un privilegio. Se debería implementar un criterio que de alguna manera restrinja su acceso. Si alguien necesita un arma porque es cazador, tendrá que probar que lo es, y así en todos los casos”, explicó.

Informe: Elisabet Contrera.