Después de la muerte de Yoel Alexis B., de seis meses, por desatención sanitaria en la unidad penal 33 de Los Hornos, en La Plata, el martes 17 de julio, la ONG Grupo de Mujeres de la Argentina presentó ese caso ante la Corte Suprema de Justicia invocando la figura de amicus curiae, para reclamar que el Fallo Verbitsky, dictado por ese tribunal contra el hacinamiento y el maltrato de los miles de presos de las cárceles y comisarías bonaerenses, no estaba siendo cumplido por la Justicia provincial. La situación en los dos penales de mujeres de Los Hornos, la U33, donde vivía preso el bebé de seis meses, y la U8, sigue siendo tensa, con medidas de fuerza como huelga de actividades de parte de las internas. Entre los reclamos incumplidos por el gobierno bonaerense en la última gran huelga de octubre de 2006 figura el de la salud de los pequeños. Tras la muerte de Yoel, siete bebés fueron internados de urgencia en el Hospital de Niños de La Plata.

La presentación ante la Corte fue realizada por Mesa de Entradas en plena feria judicial. En el texto reclama que se garantice también la atención de los niños presos sin haber cometido otro delito que vivir con sus madres presas. En el caso de Natalia B., madre de Yoel, técnicamente estaba procesada sin condena. “Es cierto que es reincidente –aseguró a este diario Martha Miravete Cicero, del Grupo de Mujeres de la Argentina–, pero me pregunto por qué el tribunal (5 de San Isidro) no mide con la misma vara y hace poco dejó libre a un comerciante detenido por violador hasta que se demuestre lo contrario, y a Natalia, que pidió el régimen de prisión domiciliaria porque tiene a su padre muriendo de sida y a su madre enferma, y porque tenía a Yoel de seis meses, y no se lo dan. La diferencia es que Natalia es pobre.”

Ante el Tribunal Oral 5, la misma ONG presentó un escrito denunciando las causas que provocaron la muerte de Yoel, detallando que su madre había denunciado que no había atención sanitaria en el penal y en los hospitales públicos era discriminada por ser presa. “Hasta la fecha –sostiene el escrito– no existe programa de salud en los lugares de encierro para las mujeres, no reciben tratamiento médico adecuado y su situación de encierro agrava sobremanera las condiciones de detención.” El reclamo, el mismo que motivara la presentación del Comité Contra la Tortura en abril pasado, sostiene que ante la imposibilidad de garantizar una cobertura de salud para las madres con hijos o embarazadas, y a los niños, y por la situación de encierro por la que pasan esos chicos de hasta 4 años, corresponde otorgarles la detención domiciliaria.

En su escrito, Miravete señala la inconsistencia judicial cuando menciona que “si a Natalia se le hubieran otorgado los mismos derechos que le fueron otorgados a (Carlos) Carrascosa, a quien por un delito muchísimo más grave del que está acusada Natalia vivió su proceso en libertad”, Yoel ahora quizás estaría vivo y en su casa.