[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Una decena de investigaciones publicadas por este diario sobre la existencia de un escuadrón de la muerte en la Zona Norte del Gran Buenos Aires, encabezado por Hugo “Beto” Cáceres, sargento de un perfil similar al ahora público sargento Miguel Giménez, dieron cuenta a lo largo del último año de una patota dedicada a los mismos menesteres que comienzan a descubrirse en el sur del Conurbano. Cáceres y su socio, el oficial Marcelo Anselmo Puyo, fueron detenidos después de una investigación del fiscal Lino Mirabelli, a quien Página/12 acercó los testigos clave para desentrañar el fusilamiento de Guillermo “Nuni” Ríos, de 17 años.
En diciembre, testigos aportados también por este diario –y protegidos por la Procuración General de la Suprema Corte– habían posibilitado la orden de captura para otros dos bonaerenses de pura cepa, Marcos Bressán y Martín Ferreyra, laderos de Cáceres. Los testigos probaron que ellos –y casi toda la comisaría 3ª de Don Torcuato, imputada por privación ilegal de la libertad– sacaron a Gastón Galván, de 14, y a Miguel Burgos, de 16, de la comisaría y los fusilaron para tirarlos luego en un descampado de José León Suárez. Bressán fue detenido. Ferreyra sigue prófugo, inubicable, quizá por ser el hijo del que fue uno de los capos de la Maldita Policía, el comisario Marcelo Ferreyra.
Después de las detenciones de los policías de Torcuato una fiscalía de San Martín abrió una causa en la que investiga a los muchachos de la 3ª por asociación ilícita. ¿La sospecha? La misma que llena ahora el caso Peralta: que quienes se cree que fueron sus asesinos también se han dedicado a dar zonas liberadas para el robo, formar bandas mixtas para la extorsión, el secuestro, el cobro de peaje, o de custodia de comercios pauperizados; la golpiza, la tortura, la persecución y la venganza.
Ahora es posible calcular la posibilidad de que tras el asesinato de Peralta haya mucho más que un secuestro, mucho más que el dolor de una madre. Ahora quizás el poder político comprenda que el modelo de recaudación ilegal que sustenta la existencia del escuadrón de Don Torcuato es el que se reproduce en cada distrito. Sólo que los errores que los muchachos cometen van cambiando: a veces se confían demasiado, a veces son torpes, y a veces las zonas judiciales liberadas para ellos también se terminan cuando ya no conviene sostenerlos. Es bueno recordar que estas noticias no son tan nuevas: mañana se cumplen nueve años de la desaparición de Miguel Bru, torturado y asesinado por los capos de una patota que trabajaba en la comisaría 9ª de La Plata en el ‘93 igual que ahora, en estos días, otros bonaerenses en Don Torcuato o en El Jagüel.