Nuevamente en el país se reitera la acción de la Justicia para impedir una atención médica que encuadra en la ley vigente y que fue solicitada. Esta vez en Paraná, Entre Ríos, la defensora María M. Piterson impidió a una menor embarazada producto de una violación, de 19 años, con un importante retraso de su capacidad mental, que en el Hospital Materno Infantil San Roque se cumpla con la voluntad de la madre y se interrumpa el embarazo. El motivo que alegó Piterson es “preservar los derechos del niño por nacer”. La defensora conoció el caso porque la madre antes hizo la denuncia de la violación. La menor cumple todos los requisitos que expresa el inciso 2 del artículo 86 del Código Penal, que reconoce la excepción a la penalización del aborto en caso de mujer idiota o demente violada. Por eso un médico iba a interrumpir el embarazo, ya que no había objeción legal. Pero la medida cautelar que presentó la defensora y a la que la jueza Claudia Salomón hizo lugar se lo impidió. Esto implicó que la menor fuera separada de su familia e internada en una residencia del Consejo del Menor, donde las autoridades dijeron que “la cuidarán y controlarán su salud hasta que nazca su hijo y el Estado le garantice la asistencia necesaria”.

Obviamente, la menor pertenece a una familia numerosa muy pobre de un barrio periférico de la ciudad de Paraná. La madre firmó, dicen que “voluntariamente”, la autorización, pero según expresó un diario local estaba muy afectada por la separación de su hija y porque continuaba el embarazo. También, como era de esperar, hoy la menor fue retirada de la residencia por su madre, quien interpuso su derecho. Si bien el Consejo del Menor aclaró en el diario local que la internación de la menor en la residencia fue autorizada por la madre, que firmó el consentimiento, no hay que ser muy perspicaz para comprender que esa firma no fue consentida o, si lo fue, se debió a que ignoraba que tenía derecho a impedir que la separaran de su hija. Es así como la Justicia y las instituciones operan impunemente manteniendo a las personas, especialmente las pobres, ignorantes de sus derechos. Quienes deberían velar por la Justicia aprovechan la ignorancia para aplicarla según su criterio e incluso impedir el cumplimiento de la ley. Por eso, además de leyes, tenemos que trabajar para que todas las personas, no sólo las ricas o con recursos, tengan acceso a la Justicia. Porque esto no hubiera ocurrido si esa menor y su familia tenían recursos, no sólo económicos, sino también culturales y sociales. Por eso, ésta es una doble injusticia: a esta menor se la castiga doblemente por ser pobre.

* Médica, presidenta de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer.