La conmemoración de un nuevo aniversario del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer trae un sentimiento ambiguo: tristeza por saber que el flagelo no ha dejado de existir y esperanza ante el encomiable esfuerzo que muchas mujeres con su trabajo constante han realizado y realizan –a nivel nacional e internacional– para que este tema haya traspasado el círculo del silencio. Perseverancia que generó un interés institucional y social en un tema que, dada la elevada incidencia y gravedad que de sus consecuencias derivan, no podía quedar en penumbras.

Hablando exclusivamente de la provincia de Buenos Aires, para esta problemática se cuenta con la Asesoría de Incapaces, la Defensoría Civil, los Centros de Asistencia a la Víctima y once Casas de Justicia –estas dos últimas agencias con gabinete interdisciplinario propio–, además de las comisarías de la Mujer (en 2006 registraron 26.631 denuncias de violencia familiar y 1493 de abuso sexual), que colaboran o trabajan en conjunto con los Tribunales de Familia.

En este marco, la creación de distintos organismos públicos y entidades no gubernamentales ocupados de proveer asistencia legal, médica y psicológica son un valioso aporte, aunque resultan insuficientes en función de la elevada cantidad de casos denunciados. Lo mismo ocurre con la legislación de protección contra la violencia familiar: es una herramienta útil, pero que no alcanza para erradicarla.

Resulta necesario una línea directriz que los aúne y así generar una respuesta inmediata a quien, en estado de vulnerabilidad, requiere ayuda al sistema. La revelación pública es una entrada a la familia que necesita contención por parte del Estado. Un Estado que no puede dejar de involucrarse cuando la víctima finalmente traspasa el círculo de silencio. Se trata de un grito de socorro en búsqueda de protección de los derechos humanos más esenciales.

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha expresado que “la violencia contra las mujeres y las niñas persiste sin disminución en todos los continentes, todos los países y todas las culturas, con efectos devastadores en la vida de las mujeres, sus familias y toda la sociedad. La mayor parte de las sociedades prohíben esa violencia, pero en la realidad frecuentemente se encubre o se tolera tácitamente”.

Asimismo, el drama de la violencia contra la mujer tiene vinculación directa con el VIH-sida, como resultado de abusos y violaciones. El cuadro de situación requiere que los esfuerzos destinados a terminar con estas pandemias se interrelacionen de manera más eficaz. Sería útil que los gobiernos implementen políticas públicas para combatirlas provistos de una base racional y bien informada. Para ello resulta necesario contar con estudios basados en encuestas representativas que permitan efectuar estimaciones de magnitud sobre casos de violencia familiar, así como implementar registros administrativos que cuantifiquen el porcentaje de afectados que solicitan servicio de atención.

* Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.