A diez años de la implementación en la ciudad del Plan Médicos de Cabecera, una ley aprobada anoche por la Legislatura propone ampliar ese servicio a los 700 mil porteños que no tienen cobertura de salud. De acuerdo con la iniciativa, todos los beneficiarios que se inscriban en el programa recibirán una “tarjeta inteligente de cobertura médica” y una cartilla con el listado de profesionales disponibles. La ley se aprobó en general y la votación en particular quedó para la próxima sesión.

El proyecto, redactado por el diputado Enrique Olivera (Coalición Cívica), crea la denominada Cobertura Porteña de Salud (CoPS) destinada a “garantizar el derecho al acceso a la cobertura integral, personalizada y gratuita del servicio de salud, “jerarquizando el primer nivel de atención”.

“Es una mejora de fondo para un plan que ha quedado a mitad de camino”, dijo a Página/12 Olivera, en relación con el Plan Médicos de Cabecera, implementado en 1997. El objetivo es ampliar la oferta de médicos que atiendan en sus consultorios “para descomprimir la concurrencia de pacientes a los hospitales”. Aunque atienden en sus consultorios particulares, no se trata de médicos del sector privado, sino de personal que ya trabaja en los hospitales de la ciudad y recibe un plus –estimado en unos 1200 pesos mensuales– por atender pacientes en forma gratuita en sus consultorios.

Según los fundamentos del proyecto, el Plan Médicos de Cabecera brinda cobertura a unas 300 mil personas que no tienen acceso a obras sociales o servicios de medicina prepaga. “Lo que pretendemos con este proyecto es garantizar el derecho a la salud de todos los habitantes de la ciudad”, enfatizó Olivera.

–¿Usted dice que hoy los habitantes no tienen derecho a la salud? –preguntó Página/12 al legislador.

–Hoy, el Plan Médicos de Cabecera no tiene una suficiente difusión. Hay mucha gente que no lo conoce, pero si lo conociera, encontraría que no hay una suficiente cantidad de médicos de cabecera. Es decir que si aumenta la demanda, no hay suficiente oferta de profesionales. Por lo tanto, esa gente termina yendo a atenderse a los hospitales.

Según Olivera, la implementación del proyecto tendrá como consecuencia una mayor calidad del servicio de salud: “Mejora la calidad de atención, al ser personalizada; se desconcentran los hospitales y, además, el costo es bajísimo”, defiende. “Demandaría no más de 15 de los 250 millones de pesos del presupuesto de salud”, dijo.

El proyecto deja en manos del Ejecutivo la reglamentación, que es la que determinará la forma y gradualidad de aplicación de la norma. En función de eso se dispondrá la incorporación de profesionales al sistema de atención domiciliaria.