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Por Fernando Krakowiak

En los primeros cinco meses del año, la Subsecretaría de Defensa de la Competencia recibió 7095 reclamos por abusos o incumplimientos de las prepagas, un 62 por ciento más que durante todo el 2003. El aumento de las cuotas anunciado en febrero concentró la mayoría de los reclamos, pero si se excluyen las quejas sobre tarifas, entre enero y mayo acumuló el equivalente al 60 por ciento de los reclamos del año anterior. Eso se debe al incremento de denuncias por incumplimientos en la cobertura del Programa Médico Obligatorio (PMO) que las prepagas están obligadas a garantizar por ley. El PMO es una canasta básica de servicios y medicamentos que está vigente para el mercado prepago desde 1997. Pero los empresarios afirman que no pueden ofrecer una cobertura de salud sin carencias para los afiliados porque las cuotas no se actualizaron en la medida en que aumentaron los costos. Expertos del sector afirmaron a Cash que lo que buscan las compañías con la restricción en las coberturas, agudizada por el “congelamiento” de las cuotas acordado hasta diciembre, es recuperar la tasa de rentabilidad de un sector que, pese a la crisis económica, aún conserva 2,6 millones de afiliados y mueve más de 3000 millones de pesos por año. Sin embargo, el proyecto de marco regulatorio que impulsa la Comisión de Salud del Senado a pedido del Gobierno prevé mantener el PMO sin cambios para los afiliados que están en el sistema y otorgarle a la Superintendencia de Servicios de Salud el poder de policía sobre las prepagas.
Entre las violaciones más comunes, se destacan la falta de cobertura de prestaciones ofrecidas en cartilla, el excesivo tiempo de espera para acceder a servicios, el cobro de coseguros para la realización de operaciones o estudios que deberían estar cubiertos con el pago de la cuota, la restricción en la cobertura de medicamentos para pacientes con enfermedades terminales o crónicas y la fijación de períodos de carencia para los recién ingresados al sistema. En la Subsecretaría de Defensa de la Competencia afirman que tienen poder sancionatorio, pero un marco regulatorio específico facilitaría el control de las maniobras abusivas. Pablo Giordano, presidente de la Asociación de Entidades de Medicina Privada (Ademp), afirmó a Cash que “no puedo poner las manos en el fuego y decir que todos cubren el PMO porque no se sabe con precisión cuántas entidades de cuidado de la salud existen en Argentina”.
Según estimaciones de Ademp, en todo el país operan cerca de 220 entidades. La concentración del mercado se agudizó en los últimos años. En 1998 las diez empresas líderes reunían el 41,3 por ciento de los afiliados y en la actualidad apenas cinco contabilizan al 63 por ciento del padrón. Las principales compañías son Sistema de Protección Médica (SPM), Swiss Medical Group y Osde Binario. Esta última, pese a ser una obra social y no tener prestadores propios, compite con las prepagas incorporando afiliados voluntarios. En la actualidad cuenta con 480 mil voluntarios sobre un padrón propio de 900 mil afiliados.
Los conglomerados empresarios que dominan el mercado se consolidaron a partir de un acelerado proceso de concentración iniciado en la década del ‘90. SPM surgió en septiembre de 1997 por iniciativa del empresario Juan Navarro quien decidió unir bajo un mismo paraguas a las prepagas TIM y Galeno-Life y a los sanatorios Jockey Club y La Trinidad, empresas que el Exxel Group había comprado entre 1994 y 1996. En junio de 2001 el fondo de inversión le vendió SPM al empresario quilmeño Julio Fraomeni, dueño del sanatorio Dupuytrén y de las prepagas Ceprimed y Mediplan. En octubre del mismo año Fraomeni le compró AMSA y el Sanatorio Mitre al grupo holandés ING, conformando uno de los servicios de medicina prepaga más grandes del país con 475 mil afiliados y una facturación cercana a los 600 millones de pesos anuales. El crecimiento de Swiss Medical fue igual de veloz. La empresa fue creada en 1994 por los fundadores de la Clínica Suizo Argentina. Con el respaldo financiero del Banco Santander y de los fondos de inversión Hermitage Management Anstalt y Oppenheimer Global Fund, Swiss Medical fue absorbiendo prepagas más pequeñas como Salud, Optar, Medicien, Nubial y Qualitas. En octubre de 2002 ingresó en el negocio de los seguros con la compra de la filial local de la aseguradora norteamericana Saint Paul y a fines del año pasado realizó su última gran adquisición al comprarle la prepaga Docthos al HSBC por 15,7 millones de dólares. Swiss Medical posee 424 mil afiliados y una facturación superior a los 400 millones de pesos. El podio de las cinco más grandes lo completan Medicus, copropietaria del Sanatorio Otamendi, y Omint, dueña de la Clínica del Sol, con 165 mil y 105 mil afiliados respectivamente.
Para tener un mayor número de afiliados que permitiera distribuir mejor los riesgos y bajar los costos por persona, las prepagas, además de fusionarse entre sí, firmaron cerca de 150 contratos de concesión y gerenciamiento con obras sociales que delegaron la responsabilidad de la asistencia médica de sus beneficiarios estableciendo para ello un pago mensual per cápita. De este modo, las prepagas entraron a competir de manera indirecta en el sistema de las obras sociales, porque si bien los afiliados al sistema solidario no están autorizados a elegir una prepaga sí pueden cambiar de obra social, las cuales optaron por aliarse con prepagas para mejorar sus atractivos y ampliar su porción en un mercado que a simple vista continuó “cerrado”. Carlos Vassallo, profesor de Economía de la Salud de Isalud, afirmó a Cash que “como la desregulación no llegaba, varias prepagas optaron por esa alternativa para competir camufladas dentro de la seguridad social”. Así fue como muchas obras sociales se convirtieron en “gestoras de padrones” y los negocios entre empresarios de la salud, sindicalistas y políticos se fortalecieron.
En los últimos años se presentaron cerca de 80 proyectos para regular el sector, pero ninguno prosperó. Ahora el Gobierno impulsa una nueva iniciativa (ver aparte). De esa forma, se intentará cumplir con la promesa formulada en febrero cuando desde la Subsecretaría de Defensa de la Competencia se comprometieron a impulsar la sanción de un marco regulatorio. Mientras tanto, las prepagas restringen prestaciones del PMO por la falta de una regulación capaz de garantizar los derechos de los afiliados.