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El último acuerdo que posibilitó una disminución de la deuda externa fue en septiembre de 1992 cuando se acordó el ingreso al Plan Brady. En aquel entonces, Argentina pactó con los 13 grandes bancos que conformaban el Comité de Acreedores una quita de capital de 2555 millones de dólares sobre una deuda total de 58.700 millones de dólares (apenas el 4,4 por ciento). El país venía de cinco años de incumplimientos en el pago de intereses y cuando comenzó la negociación el presidente Carlos Menem había prometido una disminución cercana a los 10.000 millones de dólares, pero los bancos se pusieron firmes y no encontraron demasiada resistencia. Las entidades financieras terminaron canjeando el 65 por ciento de sus acreencias por un bono Par sin descuento y el 35 por ciento por el bono Discount que incluía una quita de capital. La renegociación fue caracterizada como “exitosa” por el entonces ministro Domingo Cavallo porque una semana antes los bancos amenazaban con aceptar apenas un 10 por ciento de bonos con descuento. Efectivamente, la operación fue un éxito, pero para los bancos debido a la quita insignificante que otorgaron y a la nueva ingeniería financiera que construyeron en beneficio propio. Con el Plan Brady, las entidades mejoraron notablemente su cartera de créditos liberándose del riesgo de la deuda debido al proceso de securitización que transformó sus acreencias, en muchos casos consideradas incobrables, en títulos públicos garantizados por el Tesoro de Estados Unidos. Los bonos otorgados por Argentina comenzaron a transarse en el mercado disminuyendo la exposición de los bancos y dificultando al mismo tiempo la identificación de los acreedores. Las nuevas reglas le permitieron al Estado acceder sin problemas al crédito internacional emitiendo títulos que se colocaron en diversos mercados de capitales. Desde entonces, la deuda pública creció de manera vertiginosa hasta volverse impagable debido a las condiciones desfavorables que fijó el Plan Brady y al escaso nivel de inversión que se consolidó.