Hace apenas unos años, la discusión en Argentina sobre la prostitución produjo voces y enunciaciones que mostraron que el mapa de las mujeres en situación de prostitución no era liso ni se podía entender con un lenguaje prefabricado. Fue, además, un momento de intervención en el debate transnacional. Se hicieron públicas y se confrontaron perspectivas, sensibilidades y prácticas diversas, incluso no compatibles (Las 12 ha dado cuenta de las más importantes). Hoy esa agitación se percibe con mucho menos fuerza, y las consignas que fueron más novedosas parecen no encontrar espacio de desarrollo ni formas de efectuación visibles. Cuando bajan las aguas, lo que se mantiene en pie son las organizaciones más estructuradas, las que quedaron a resguardo de la fragilización ambiente. Sin embargo, hay una irreversibilidad insoslayable: palabras como Estado y sindicato, o trabajo sexual y autonomía, ya no pueden escucharse de la misma manera. Cargan con el peso de un antagonismo que no puede declararse inexistente de un plumazo.

La política de Ammar-CTA se centra hoy en que se reconozca desde el Estado a las “trabajadoras sexuales” como tales y que se las tenga en cuenta a la hora de planificar políticas públicas. Para eso, junto a la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros (Attta), ha encarado la primera Consulta Nacional sobre trabajo sexual, VIH/Sida y derechos humanos (iniciativa que surgió como parte de las recomendaciones de la misma consulta que se realizó a nivel mundial). De allí se desprenden una cantidad de recomendaciones y propuestas que, según el compromiso acordado, serán monitoreadas por una comisión formada por varios ministerios nacionales, organismos de derechos humanos, agencias de Naciones Unidas y las organizaciones involucradas en la consulta, que se encargarán de fiscalizar su cumplimiento.

En diálogo con Las 12, Elena Reynaga, secretaria general de Ammar-CTA, explica: “La idea de la consulta no es sólo que participe el Ministerio de Salud, porque el problema no es de la cintura para abajo, es decir, de cuánto herpes o sida tenemos, sino que tiene que ver fundamentalmente con la violación a los derechos humanos y para eso deben estar presentes el Ministerio de Justicia, el de Trabajo y el de Educación. Ampliamos la cuestión para que todas estas instancias empiecen a hacerse cargo de que la salud es también un derecho humano. Además, es importante aclarar que no fuimos invitaditas de esta consulta, sino sus constructoras: nosotras pusimos la agenda y también parte de la gente que trabajó en ella como documentadoras y facilitadoras de los grupos. Trabajar en armonía con los ministerios para nosotras fue muy positivo. Nuestro objetivo es generar políticas públicas en las que estemos incluidas. En Argentina no hay política pública para nuestra población. En salud sólo está lo básico de los programas de prevención, es decir, apoyo en la distribución gratuita de condones, pero la vida de nosotras no se basa en los condones. De todas maneras, los recursos siempre han venido de afuera (N.de E.: se refiere al financiamiento internacional) y no desde el Estado”.

¿Qué diferencia le ven al hecho de que cambie el origen de los recursos?

E.R.: –Creo que los recursos para la prevención tienen que ser genuinos. Cuando digo genuinos quiero decir que tienen que ser del presupuesto nacional. Porque esto va a significar que sí hay una política en el tema de la prevención. Hasta ahora han sido del Banco Mundial, por lo que nos endeudábamos, o del Fondo Global, que eran donaciones. Pero este año Argentina no se va a presentar al Fondo Global, además que como parece que tiene un ingreso per cápita relativamente alto, no es un país elegible para los donantes de afuera. Entonces, todo lo que un montón de organizaciones hemos podido avanzar, luego se cae porque el financiamiento se termina. Entonces nosotras insistimos con que en el presupuesto nacional tiene que haber la misma o más cantidad de plata que la que ha puesto el Banco Mundial porque Argentina hoy está en una situación económica que lo puede hacer.

Ustedes hablan de incluir en las políticas públicas la perspectiva de las trabajadoras sexuales como trabajadoras “autónomas”. ¿Qué significa esto?

Marcela Romero (Attta): –Nosotras exigimos al Gobierno estar dentro de la toma de decisiones en temas de salud y trabajo: es decir, estar en la elaboración y discusión de la agenda de la problemática del trabajo sexual en todo el país. El primer tema para ambas poblaciones, de la comunidad trans y de trabajadoras sexuales, es la violación de los derechos humanos que se da por los edictos policiales a nivel nacional: hay catorce provincias que tienen aún edictos policiales que son de la época de la dictadura militar. Por esta iniciativa, pudimos explicar a los funcionarios la persecución que existe en ciertas provincias, persecución que se continúa con detenciones y agresiones y, muchas veces, con asesinatos. El Gobierno debe hacerse cargo de estas dos poblaciones que no tienen derechos ni como trabajadoras sexuales ni como ciudadanas. Y si no hay derechos humanos, no podemos hablar de prevención ni de atención ni de tratamientos. En el caso de la comunidad trans tuvimos una buena experiencia de articulación con las compañeras de Ammar-CTA: sirvió para explicarle al Gobierno que queremos un cambio, que queremos ser parte de la sociedad.

E.R.: –Nosotras queremos ser reconocidas como trabajadoras sexuales y tener los mismos derechos que todas las trabajadoras y trabajadores de nuestro país. Nosotras además decimos que somos trabajadoras autónomas. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos relación de dependencia con el proxeneta. Porque lo que es delito en este país es la relación de dependencia, es decir, que los que infringen la ley son los dueños de saunas, prostíbulos y casas de trabajo. En el Código Penal no estamos nosotras. Sí hay un Código Contravencional, pero tampoco penaliza el ejercicio del trabajo sexual en sí, sino en ciertas circunstancias. En concreto, lo que queremos es decidir nosotras mismas de qué modo trabajar. Hay experiencias en el país donde las compañeras se han alquilado un departamento y ninguna es la dueña, sino que cada una pone un dinero por mes para pagar el alquiler y eventualmente a alguien que atienda el teléfono, pero no está la tercera persona que se beneficia de las ganancias de las compañeras ni nadie las obliga a nada. Esto ya se hace en Salta, en el barrio Las Casitas de San Antonio.

¿Es como una autogestión de la prostitución?

E.R.: –Sí. Porque es claro que lo que genera violencia es el proxenetismo y la clandestinidad. Y hoy seguimos siendo clandestinas o ilegales porque hay un vacío legal sobre nuestra situación. Hay tratados y ciertas legislaciones pero no se cumplen. Porque una cosa es decir que se tiene derechos y otra es poder ejercerlos. Y ésta no es sólo una cuestión de las trabajadoras sexuales, sino de los pobres en general. Nosotras estamos hablando de hacer una nueva historia, de una nueva forma de reconocernos como trabajadoras. Hablo de trabajadoras que no tenemos nada que ver con el tráfico de personas, sino que estamos organizadas como mujeres mayores de edad y que estamos en este trabajo por consentimiento propio. No vivimos ni el mundo ni en el país ideal, y dentro de esa realidad para nosotras lo fundamental es mejorar las condiciones de trabajo.

¿Qué esperan del reconocimiento del Estado?

M.R.: –Nosotras en particular vemos que no tenemos una atención amigable en los hospitales porque se violan los derechos a la identidad de género. Cuando accedemos a un hospital lo que recibimos es “transfobia”, que la sentimos y padecemos en cómo nos atienden. O en el hecho de que no haya un solo folleto desde el Gobierno destinado a nuestra comunidad. Pero esta “transfobia” también la sufrimos cuando vamos a sacar un crédito o vamos a alquilar: te preguntan de qué trabajás y siempre tenés que mentir o ir con otra persona que hable por vos. En realidad, el trabajo sexual para nosotras es digno porque nos da de comer todos los días y para nosotras es nuestro trabajo. Pero el mismo Gobierno y las leyes nos hacen pensar que es un delito. En muchos casos las propias compañeras son las que dicen “pero esto no se hace”. Y en realidad nosotras tenemos que empezar a decir cómo y de qué vivimos. Hace dos años hicimos una vigilancia epidemiológica, con un testeo de 480 compañeras a nivel nacional y de ahí salió que las trans tenemos un promedio de vida de 35 años. Cuando una compañera trans se interna en el Hospital Muñiz la ponen en una sala de hombres, por eso decimos que llegan al hospital para morir, porque saben a qué se someten. Queremos que estas problemáticas estén incorporadas como políticas de Estado.

E.R.: –Al Estado le falta mucha información y para obtenerla los funcionarios se tienen que sentar con nosotras. Por empezar, el Estado debe derogar todos los edictos policiales porque es lo que permite que la policía chantajee. Así pasa aun con la herramienta más pequeña como es el Código Contravencional que funciona en la ciudad de Buenos Aires, que no tiene pena de arresto pero que tampoco se aplica como se tiene que aplicar. En realidad, hay una cantidad enorme de contravenciones hechas a las compañeras trans y a nosotras y no hay contravenciones a los clientes. Mientras que el artículo 81 dice que se prohíbe la oferta y la demanda de sexo. Nosotras sabemos que a la demanda, es decir al cliente, no se le hace la contravención porque es a quien se le pide la plata.

¿Pero ustedes están a favor de la sanción y denuncia del cliente?

E.R.: –No, no. Porque yo creo que si vos realmente vivís en un país que es democrático, vos no le podés estar diciendo a la gente en qué se tiene que gastar su dinero. Si a mí me da ganas de contratar un chico que me haga masajes, ¿por qué a mí el Estado me tiene que decir si lo puedo hacer o no? Es mi dinero. No creo en eso y además no es la discusión de fondo. Las cuestiones no se solucionan con represión; a la gente hay que educarla, no reprimirla. El día en que todos cumplamos las normas, vamos a poder ser más responsables.

Ustedes hablan de la necesidad de capacitación para sus compañeras. ¿Qué sentido tiene pedírsela al Estado?

E.R.: –Lo que necesitamos es recursos porque ya tenemos mucha experiencia como organización en formar a las compañeras y capacitarlas en cuestiones de violencia, género y salud. Pero, insisto, esto tiene que vincularse con una política que destine recursos. Porque nosotras hemos llegado a una parte del país pero no a toda. Y además tenemos que volver a trabajar sobre la cuestión de los derechos. Porque está bárbaro saber que los tenemos pero cuando se te para el uniforme enfrente no es fácil: son muchos años de yugo, de maltrato y de impunidad. Cuando vamos a la comisaría no nos toman en serio. Imaginate que si no le dan bolilla a una mujer golpeada que va a denunciar al marido porque suponen que “por algo habrá sido”, menos nos van a escuchar a nosotras.

M.R.: –Tratamos de hacer talleres con las chicas de otras provincias y de estar en la calle, haciendo trabajo de campo. Cuando las compañeras son detenidas, lo más común es que se empiece con la violencia verbal y después con la violencia física. La policía busca que nos pongamos agresivas para procesarnos por desacato a la autoridad. Por eso es difícil animarlas a que hagan denuncias en esas mismas comisarías.