A fines de la semana pasada, y después de dos meses de dilaciones para fortalecer el consenso, el Consejo Municipal de Rosario aprobó una declaración de apoyo al proyecto sobre despenalización del aborto que Silvia Augsburger (PS) presentó a fines de mayo en el Congreso nacional. Se trató de una iniciativa de la concejala Marisa Pugliani (PS), quien en junio había aceptado la observación de María Eugenia Bielsa (EpR) sobre la necesidad de revisar el texto original, girándolo a las comisiones de Derechos Humanos y Gobierno, para evitar traspiés. La declaración finalmente aprobada busca alcanzar un panorama completo: no sólo reafirma la necesidad de despenalizar –por lo cual el cuerpo legislativo municipal insta al nacional a aprobar el proyecto– sino que también solicita al Congreso que se instrumenten recursos para la plena vigencia de las leyes de Salud Sexual y Procreación Responsable, Anticoncepción Quirúrgica y Educación Sexual. Teniendo en cuenta que por esos mismos días este diario denunció que el Ministerio de Salud no está distribuyendo métodos anticonceptivos en algunas provincias (Córdoba, Santa Fe, Catamarca, Santiago del Estero y Jujuy están ya en situación crítica), por lo cual incumple con el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, el reclamo no es descabellado.

Este apoyo es el primero de carácter institucional que recibe el proyecto de Augsburger, y el proceso que debió atravesar sirve como modelo a escala del panorama nacional. Que el Concejo avalara el texto, declaró Pugliani, tal vez no tenga un efecto contundente en el trámite parlamentario formalmente hablando, pero sí uno social, habida cuenta de que el objetivo era “instalar el tema en la agenda pública de la ciudad (de Rosario) y promover su tratamiento a nivel nacional”.

La sesión duró tres horas. Fueron 17 votos a favor y tres en contra: Jorge Boasso (UCR), a quien se recordó que cuatro años atrás había sostenido una postura pro-despenalización; Osvaldo Miatello y Luisa Donni (ambos FpV). En estos meses, el Concejo recibió una carta del arzobispo de la ciudad, José Luis Mollaghan; y antes del debate, un grupo de ciudadanas y ciudadanos, demostrando espíritu cívico, se arrodilló y rezó en la barra del recinto. Las intervenciones oscilaron entre la defensa del derecho sobre el propio cuerpo, la moral cristiana y la palabra destacable de Arturo Gandolla (FpV), quien recurrió a argumentos similares a los de sanitaristas como Ginés González García y Héctor Sylvestre Begnis, pero desde un enfoque personal: “Por mi experiencia personal, por haber visto morir a una compañera que se practicó un aborto clandestino, apoyo el proyecto”, explicó, además de rebatir –con cifras de la situación española– la afirmación de que la despenalización incrementa el número de abortos practicados.

Mientras que la batalla política por la implementación concreta y justa de las leyes de salud reproductiva es algo que, aun con participación activa del sector civil, debe darse en el plano de instituciones del Estado, lo mismo que en el debate por la despenalización del aborto, existe todavía una cuenta pendiente desde lo conceptual. En Estados Unidos, la fuerza que la definición “pro-vida” pretendía arrogarse logró ser puesta en evidencia cuando el movimiento a favor del derecho al aborto se nombró como “pro–choice”, borrando de un plumazo acusaciones de sectores tradicionalistas y poniendo en perspectiva una de las razones para exigir el acceso legal a la intervención. Aquí, todavía, esa cuenta está sin saldar. Son los sectores contrarios al aborto legal quienes siguen haciendo uso de la chicana que enfrenta vida/no vida, aun cuando eso los haga incurrir en deslices como el que puede encontrarse en el site darvidarosario.blogspot.com: “La intensa vida de Marcela de Jesús Ferrira, la niña que vivió un año y ocho meses con anencefalia, se ha convertido en un contundente testimonio que los promotores del aborto pretenden omitir para lograr la despenalización de esta práctica en casos similares al suyo”.