Luego de evaluar las situaciones que atraviesan más de 163 niñas y niños que viven con sus madres privadas de libertad en penitenciarías de la provincia de Buenos Aires, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) encendió la alerta sobre algunas cuestiones pendientes y otras que parecen no contempladas. El estudio recuerda que 79 de esos menores conviven con sus madres en unidades del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y 82 en las del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Por otro lado, el total de la población de presas, sólo el 17 por ciento se encuentra cumpliendo condena (el 72% está procesada y con prisión preventiva).

En estos momentos, el informe se encuentra en etapa de profundización, en un trabajo conjunto entre ADC, la Comisión Provincial por la Memoria y el Grupo de Estudio Sobre Educación en Cárceles (Gesec), pero la versión inicial da cuenta de situaciones de discriminación en el acceso a la educación. Los fallos a la hora de atender la situación particular de estas niñas y niños (pueden permanecer con sus madres hasta cumplir los 4 años) demuestran sesgos en cuestiones vinculadas a “la asignación de vacantes, a la continuidad en la educación por problemas vinculados a la salud, a las condiciones en las que estos niños/as viven en las distintas unidades y al transporte y traslado de los niños/as a los distintos jardines”. Al mismo tiempo, “se observan problemas vinculados con la formación docente y preparación de los docentes para trabajar con las realidades y características de esta población, y a la ausencia absoluta de propuestas de educación no formal y de actividades de estímulo”.

La ausencia de docentes capacitados, en realidad, es coherente con la ausencia de normativa que hasta el año pasado marcaba la relación entre el Estado y estas niñas y niños: fue sólo a partir de la Ley de Educación de la Provincia de Buenos Aires, en 2007, que se hizo referencia a ellos. Y sin embargo aún falta arbitrar recursos al respecto, habida cuenta de que aún no se ha adecuado “la educación a las necesidades de esta población”, ya que el Estado debería propiciar que esas niñas y niños “concurran a jardines maternales, jardines de infantes y otras actividades recreativas fuera del ámbito de encierro, con el fin de asegurar su contacto con otras realidades y personas que los preparen para su vida fuera del ámbito de encierro, disponiendo y articulando con los organismos e instituciones responsables los medios para acompañar a las madres en este proceso”. El informe también señala que la capacitación docente debería ser acompañada por la generación de condiciones de carrera y desarrollo profesional que actúen como incentivos, y que los órganos educativos estatales deberían ser responsables de supervisar la enseñanza que se brinde.

Hay más datos sobre el informe en el sitio de la Asociación por los Derechos Civiles, www.adc.org.ar