Una mujer busca un empleo, un varón también. La mujer queda y le hacen los exámenes médicos para ingresar al trabajo. Está todo bien, salvo porque también averiguan si está embarazada. Ella espera un bebé. Y, entonces, es rechazada. El varón –con menos puntaje– consigue el puesto –incluso, aunque, también, espera un bebé– y ella vuelve a quedar desempleada. La hipotética escena se puede dar en un contexto de mayor desocupación femenina, mayor desigualdad salarial y discriminaciones de género, por la implementación de test compulsivos de embarazo antes de emplear a una mujer o de renovarle –periódicamente– un contrato.

Por eso, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires –a través de la directora de Niñez, Adolescencia, Género y Diversidad, María Elena Naddeo– presentó un proyecto de ley, en la Legislatura porteña, para que se prohíba la exigencia de realización o presentación de un test de embarazo, certificación médica referida al estado de gravidez o cualquier forma de declaración de ausencia de gestación como requisito para los procesos de selección, ingreso, promoción y permanencia, cualquiera sea la forma de contratación, de toda mujer que, en la Ciudad de Buenos Aires, aspire o se encuentre en relación de dependencia pública o privada.

La iniciativa subraya que “la sujeción del inicio de una relación laboral a la existencia o no de un embarazo, implica la promoción de una situación discriminatoria y de inequidad que no se condice con la obligación asumida por el Estado nacional y por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de cumplir con la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los convenios internacionales ratificados por nuestro país, que garantizan la implementación de políticas que aseguren a las mujeres el acceso equitativo al empleo y velen por la igualdad de oportunidades y de trato en materia de condiciones laborales, así como también, sus posibilidades de desarrollo en el campo laboral”.