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La falacia de la obligación de denunciar por aborto, la objeción de conciencia y todas las trampas dialécticas para justificar la tortura hacia mujeres, niñas y adolescentes en Argentina.

Bajo el velo de la falacia de la protección absoluta de la vida en gestación en los servicios de salud de nuestro país se tortura a las mujeres que abortan. Ninguna de nosotras deja de abortar porque el Código Penal así lo diga, sin embargo somos castigadas sin la necesidad de una condena penal: sin juez, sin garantías y sin derechos humanos. Somos torturadas física y psicológicamente frente a los ojos de la sociedad entera que naturaliza el maltrato, incluso cuando nuestros abortos son espontáneos.

Debemos enfrentarnos a esto, salir del eufemismo que nos ofrece la “violencia obstétrica” y apelar a la potencia que tiene la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes. El impacto simbólico que tiene la aplicación de éstos para deslegitimizar ciertas prácticas sociales permite generar un cambio en la concepción que tienen los miembros de los equipos de salud y de los poderes involucrados respecto a cuáles son sus obligaciones.

Durante la dictadura, a las mujeres secuestradas se les practicaban legrados sin anestesia. En democracia, los servicios de salud perpetúan esta forma de castigo cuya única finalidad es castigar a las mujeres que se desvían del mandato patriarcal de llevar a término todos sus embarazos.

* Abogada feminista, activista por la legalización del aborto.