Desde Santa Fe

Los esposos Jorge Castro y Milagros Demiryi, que se desempeñan como actores civiles en la investigación de la catástrofe del río Salado, pidieron al juez Jorge Patrizi (Instrucción 8º) que cite a indagatoria al ex gobernador Carlos Reutemann, a quien consideran el responsable de las "operaciones de emergencia", por lo menos, hasta el 2 de mayo de 2003, cuando delegó esas funciones en su entonces ministro de Gobierno, Carlos Carranza. El planteo considera "insostenible" la tesis del magistrado que limitó la responsabilidad de la crisis en tres personas: el ex ministro de Obras Públicas, Edgardo Berli; el ex director de Hidráulica, Ricardo Fratti y el ex intendente de Santa Fe, Marcelo Alvarez, a quienes procesó por supuesto "estrago culposo agravado por la muerte de 18 personas". Y por lo tanto, propuso una batería de pruebas para ampliar las imputaciones a otros ex funcionarios de Reutemann, entre ellos el propio Carranza y el ex ministro de Hacienda y hoy senador por La Capital, Juan Carlos Mercier, quienes -según el petitorio- deberían comparecer ante el magistrado.

El escrito del matrimonio Castro solicitó la indagatoria de Reutemann con los mismos fundamentos que esgrimió el doctor Patrizi para exculpar a Lole. En la resolución que procesó a Berli, Fratti y Alvarez, el juez había sintetizado los "factores de riesgo" que confluyeron en la catástrofe, entre ellos una defensa inconclusa en el cordón oeste -por donde ingresó el río Salado a la ciudad-, la falta de un sistema de alerta y de un plan de contingencia y el ancho del puente sobre la autopista Rosario -Santa Fe. "Estos factores de riesgo, conocidos por los funcionarios públicos, generan la posición de garante, ante un evento natural como fue la crecida del río Salado", decía el juez Ellos, "debían efectuar las labores conducentes para resguardar a la población de las consecuencias que podrían sufrirse en el caso de desborde del cauce, como sucedió finalmente".

"El peligro -agregaron los Castro- se concretó en estrago porque no se atendieron los factores de riesgo, oportunamente y con idoneidad. El evento natural no es el responsable del estrago. La conducta humana es la que genera responsabilidad. Los funcionarios públicos tenían la obligación de prevenir. Resulta así una tesis insostenible que la responsabilidad quede circunscripta únicamente a los tres procesados, hasta ahora (Berli, Fratti y Alvarez) cuando tantos funcionarios públicos conocían (la situación)", apuntaron.

Según los Castro, Reutemann debe ser citado por el juez porque la ley 8.094 de Defensa Civil le imponía la obligación de conducir "las operaciones de emergencia". "La responsabilidad del gobernador respecto a la 'conducción de las operaciones de emergencia dentro del ámbito provincial" es siempre directa. Y la propia ley 8.094 en cada caso concreto determina cuándo la responsabilidad en esa fase deja de ser eventual para convertirse en inexcusablemente obligada. El siniestro que nos ocupa es uno de los que no permiten al titular del Poder Ejecutivo, rehuir ese deber que la magnitud del estrago instala; ni delegarlo. Esto es inexorable", explicaron.

"De cualquier manera, es indudable que el gobernador (Reutemann) asumió la conducción de las operaciones de emergencia hasta el 2 de mayo de 2003, cuando decidió delegarla" en su entonces ministro de Gobierno, Carlos Carranza, quien hoy acompaña a Lole como su jefe de gabinete de asesores en el Senado de la Nación.

"Queda por evaluar -insistieron los Castro- si (Reutemann) podía o no efectuarse tal delegación (en Carranza), atento a que el decreto 963 del 29 de abril del 2003 demuestra que el gobernador era conciente que la 'crisis hídrica' afectaba 'gravemente el casco urbano de la ciudad capital', que la situación tendía a agravarse, y por ello declaró el estado de emergencia" en La Capital y otros departamentos del centro norte.

"Lo cierto es que el 2 de mayo de 2003, mediante decreto 973, Reutemann delegó la conducción en el ministro Carranza. Y nadie puede delegar lo que no tiene. Quiere decir que el gobernador conducía las operaciones de emergencia, por lo menos hasta el 2 de mayo de 2003", concluyeron los justiciables. En esa misma línea, los Castro le pidieron al juez Patrizi que solicite a la Cámara de Diputados una copia de un pedido de informes al Poder Ejecutivo que impulsaron los diputados Oscar Ritter y Federico Pezz.

Los legisladores solicitaron copias de todas las actas de las reuniones de la Junta Provincial de Defensa Civil celebradas durante el año 2003. Pero en su respuesta, el Poder Ejecutivo admitió que 'no existen actas de las distintas reuniones de la Junta Provincial de Defensa Civil', por lo que tenemos derecho a concluir que tales reuniones no existieron. Y en cambio, se alude a 'un Comité de Emergencia Hídrica para cada Departamento' y se informa textualmente: 'Dichos comités, sí celebraban actas, cuyos originales obran en poder del Ministerio de Obras, Servicios Públicos y Vivienda (sic)', señalaron los Castro.

"Con el material probatorio colectado en la causa, la prueba que ofrecemos y los actos administrativos que se indican, que también prueban, no hay razón jurídica válida que justifique la negativa a llamar a indagatoria a funcionarios que, por su intervención e incumbencia, son responsables prima facie del hecho que debe investigarse y los daños que causó", expresaron. "Indudablemente, el señor Reutemann debe ser llamado a indagatoria".

El escrito avanza también sobre otros ex funcionarios que también deberían ser indagados por el juez y entre ellos menciona "a quienes ocuparon los Ministerios de Gobierno y de Hacienda durante la gestión" de Reutemann, es decir Carranza y Mercier.