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La Justicia procesó a dos mujeres acusadas por promoción y facilitamiento de la prostitución, en dos inmuebles ubicados frente a la Terminal de Omnibus Mariano Moreno, allanados tras una denuncia presentada en la Fiscalía de NN, en 2013. Según expresa el fallo del Juzgado de Instrucción 12ª, las imputadas "no solo entrevistaban a las alternadoras (trabajadoras sexuales) antes de ser contratadas, sino que además administraban el lugar, percibiendo de lo cobrado por las mujeres que trabajaban en los locales, por los encuentros sexuales". Las procesadas hablaron de una cooperativa de trabajo en las que ellas figuraban como responsables de los inmuebles, y negaron regentear el lugar. Sin embargo, para la justicia, ello "no guarda relación con el resto del material probatorio". Se trata de una cuestión que hace tiempo es criticada por la Asociación de Mujeres Meretrices (Ammar), quienes consideran que es una "persecución" a las trabajadoras sexuales.

La resolución de la causa que fue investigada por la jueza Mónica Lamperti, en época que estaba a cargo de Instrucción 12º, señala que las imputadas "recibían un porcentaje de lo cobrado por las mujeres", dato al que se llegó "por el tenor de las comunicaciones registradas", en escuchas telefónicas, en las que se hablaba de "el lugar en el que le dejaban la recaudación".

En ese contexto, el tribunal se planteó una "incertidumbre" con respecto al monto "entregado a cada una de las imputadas"; ya que aparecen cifras que van de los diez a los veinte pesos, por pase (de alguna de las doce mujeres que trabajaban en el lugar); o cien pesos por día, en otros casos.

Una de las acusadas explicó en su declaración que ella es la encargada de "reunir el dinero para pagar el alquiler" de tres mil pesos de uno de los lugares allanados. También dijo "recaudar" para abonar los impuestos, algunos de los cuales también estaban a su nombre. En ese contexto aclaró que forman una cooperativa desde 2012. Incluso, las mismas imputadas dijeron trabajar en esos lugares, en el ejercicio de la prostitución.

En cuanto al punto del alquiler, Ammar plantea hace tiempo que "los alquileres no pueden ponerse a nombre de todas las mujeres" que trabajan en la cooperativa. Sin embargo, para la Justicia, las imputadas "recibían una comisión" y "aparecen como encargadas".

Si bien las acusadas estuvieron detenidas tras los allanamientos, recuperaron la libertad, aunque siguen ligadas al proceso.