El fiscal Alfredo Terraf comenzó a las 10 el alegato en el que que solicitará la pena de reclusión perpetua contra los represores Antonio Bussi y Luciano Benjamín Menéndez, por la desaparición del ex senador provincial Guillermo Vargas Aignasse, en 1976.

Terraf anticipó que todos los testimonios recabados, incluidas las propias declaraciones de Bussi y Menéndez, demuestran que hubo un plan sistemático de las Fuerzas Armadas para detener o hacer desaparecer personas en la madrugada del golpe de Estado de 1976, entre las que se encontraba Vargas Aignasse.

En la audiencia, transmitida en directo y sin cortes por Canal 7, después de hablar el fiscal Alfredo Terraf -no puede usar ningún borrador ni ayuda memoria-, lo harán la defensora oficial Amalina Asaf (por Bussi) y el abogado Horacio Guerineau (por Menéndez).

Los abogados no tendrán ninguna limitación temporal para hacer uso de la palabra y hasta podrán replicar el argumento que haya sido incluido por la otra parte (y no por ellos), siempre que lo autorizara quien preside las audiencias del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, el vocal Gabriel Casas.

Luego de los alegatos, el tribunal pasará a un cuarto intermedio hasta el jueves, a las 9.30, cuando se les preguntará a Bussi y a Menéndez si quieren hacer uso de la palabra por última vez, aunque ya no se les podrá hacer preguntas sobre el caso.

El legislador provincial Luis José Bussi aseguró que, si está en buenas condiciones físicas, su padre hablará, y lo mismo anticipó Guerineau respecto de Menéndez, tal como este último lo hizo en el juicio oral que le siguieron en Córdoba. (mayoritariamente por el fiscal Terraf, que impulsa la acusación).

En la sentencia, los magistrados no sólo deberán pronunciarse sobre la situación de los imputados (Bussi y Menéndez), sino sobre tres testigos respecto de los cuales, por supuestas contradicciones en sus testimonios sobre hechos vinculados a la desaparición de Vargas Aignasse, el fiscal Terraf requirió que sean investigados por supuesto falso testimonio.

Terraf efectuó la solicitud respecto de Roque Cabral y de Raúl Molina, ex juez militar y secretario del juez, respectivamente, así como sobre José Gerez, ex comisario que cumplía funciones en el penal de Villa Urquiza, donde estuvo detenido Vargas Aignasse y de donde salió el 5 de abril de 1976 (desde entonces está desaparecido).