La Corte Suprema de la Nación confirmó la resolución judicial que dispuso la extradición de seis ciudadanos paraguayos requeridos por su presunta participación en el secuestro de Cecilia Cubas, hija del ex presidente de ese país Raúl Cubas Grau.

Se trata de Arístides Luciano Vera Silguero, Roque Rodríguez Torales, Simeón Bordón Salinas, Basiliano Cardozo Jiménez, Agustín Acosta González y Gustavo Lezcano Espínola, cuyo proceso de extradición había quedado suspendido debido a un trámite ante el Comité de Elegibilidad para Refugiados (CEPARE).

Los ciudadanos paraguayos habían solicitado asilo, alegando ser víctimas de una persecución política en su país, pero el pedido de refugio fue rechazado.

Como la medida fue apelada, la Corte había suspendido el trámite judicial del recurso contra el fallo del magistrado federal Ariel Lijo, quien ordenó las extradiciones.

Pero el Ministerio de Interior "informó" que los recursos contra la negativa a los pedidos de asilo fueron rechazados, por lo que la Corte resolvió "reanudar" el trámite procesal y "confirmar" la sentencia dictada por Lijo.

El caso había llegado a la Corte porque los defensores de los ciudadanos paraguayos cuestionaron que Lijo actuara como juez de instrucción y de sentencia.

La Corte se remitió al dictamen del Procurador Fiscal de la Nación, Luis González Warcalde, quien sostuvo que en los procesos de extradición, el juez requerido no actúa como instructor, sino que la solicitud del exterior equivale al pedido de elevación de la causa a juicio.

Según constancias de la causa, los ciudadanos paraguayos están acusados de homicidio, secuestro y asociación ilícita, acusaciones que los detenidos rechazan y alegan a la persecución de la que dicen ser víctimas.

La indefinición de la situación de los requeridos, detenidos en la cárcel de Marcos Paz desde mayo de 2006, había provocado varias manifestaciones de organismos de derechos humanos y dirigentes de partidos políticos frente al Palacio de Justicia, sede de la Corte.