La iniciativa fue difundida por sus autores, los legisladores Oscar Zago y Martín Ocampo, en medio de la polémica por las protestas docentes y del fallo absolutorio en el primer juicio por un corte de tránsito que realizó la Justicia de la Ciudad.

El proyecto de ley generó un amplio rechazo de las filas de la Coalición Cívica, del kirchnerismo, del ibarrismo y de los sectores independientes, quienes vincularon la difusión de la medida, presentada hace 10 días, con los conflictos que enfrenta el gobierno de Mauricio Macri.

Zago y Ocampo afirmaron en un comunicado que el proyecto para que la Ciudad establezca algún ordenamiento de las protestas apuntan a "respetar dos derechos: el de peticionar o manifestarse y el de libre circulación".

"Creemos que lo más propicio sería fijar uno o dos días a la semana para que los ciudadanos se puedan expresar y con esto estaríamos llegando a una situación de equilibrio", explicó Zago.

"Queremos mejorar la calidad de vida de los vecinos de Buenos Aires y proponemos generar un marco de debate entre los actores políticos y sociales, para lo cual convocamos a las organizaciones políticas, sindicales y civiles de la ciudad, que seguramente participarán en la elaboración de una norma que permita solucionar este problema", declaró Ocampo.

Advirtieron que las marchas impiden circular a ambulancias y otros servicios de emergencias, alargan los tiempos en los trayectos de los vehículos de transporte, incrementan la contaminación ambiental y producen estrés, irritabilidad y ruidos molestos, además de afectar a trabajadores que cobran presentismo, entre otros trastornos.

La implementación del Foro para discutir el proyecto de Ley será en el ámbito de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura porteña, indicaron.

"El macrismo cree que sancionando una ley se solucionan los problemas. Con la misma lógica pueden presentar un proyecto, para que no haya más pobres o para que la gente sea feliz. Las leyes no son mágicas y los conflictos no se resuelven por una ley voluntarista", consideró el referente del bloque Diálogo por Buenos Aires, Aníbal Ibarra.

Los legisladores le contestaron a Ibarra mediante una gacetilla de prensa y sostuvieron que “su soberbia, su sarcasmo y su ironía son sólo más muestras de un estilo acabado de hacer política, cuya falta de utilidad quedó demostrada con la ineficiencia de su gestión al frente de la Ciudad”.

En tanto, el vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el telermanista Alejandro Rabinovich, calificó la propuesta como "un disparate que no tiene ningún sentido, porque viola las reglas constitucionales".

"El derecho a manifestarse no tiene restricciones, salvo la que existe ahora, que es el pedido de autorización", consideró el diputado porteño, y advirtió que la presentación del proyecto en el actual contexto "es un acto de provocación, que poco tiende a distender la situación que se vive con los docentes, es una irresponsabilidad plantearlo ahora".

El vicepresidente de la Coalición Cívica y miembro también de la Comisión, Sergio Abrevaya, advirtió que un proyecto de esa naturaleza "sería inconstitucional", pero reconoció que en la Ciudad "hay que buscar el diálogo para cada manifestación, para encontrar una manera de ordenar el tránsito y la circulación".

"No se puede prohibir un día sí o un día no. Cada protesta depende de distintas cuestiones. Creo que se puede instaurar alguna forma de diálogo para poder consensuar los intereses básicos de la ciudad, de los vecinos y de los manifestantes", consideró.