"Ustedes saben que yo tengo mucha diferencia con la mayoría de la Justicia boliviana. Quieren tomar decisiones políticas y por eso se sospecha que hubo mucha plata", dijo Morales, citado por la agencia noticiosa alemana DPA, por lo que aseguró que "no acataremos el fallo".

El mandatario, sin embargo, aguarda que otras instancias del sistema judicial se pronuncien para que el prefecto opositor, acusado de promover la "Masacre de Porvenir" en la que murieron por lo menos 15 campesinos y tres estudiantes, no salga libre de la cárcel.

"Una persona (Fernández) con semejantes cargos de corrupción, de nepotismo, y genocidio; no es posible que algunos miembros de la justicia boliviana traten de ayudar a un delincuente", agregó.

Por su parte, el viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, afirmó, citado por la Agencia Boliviana de Información (ABI) que "es un fallo ilegal, infundado, viola el proceso debido y por eso presentaremos este martes un amparo constitucional contra los vocales que beneficiaron a Leopoldo Fernández".

Chávez precisó que "no acataremos el fallo de la Corte de Chuquisaca".

También dijo que el gobierno aguarda tener acceso al fallo escrito de la aceptación del recurso de hábeas corpus y la orden de excarcelación del prefecto de Pando.

De acuerdo al fallo de la Corte, con voto dividido de sus tres miembros (dos a favor y uno en contra), Fernández deberá ser trasladado en un plazo de 48 horas de la cárcel pública de La Paz a Sucre para ser puesto a disposición del fiscal general, Mario Uribe, y ser procesado en un juicio de responsabilidades por su rango de prefecto de Pando, en el norte amazónico de Bolivia.

Pero el diputado Gustavo Torrico, del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), precisó que el juicio de responsabilidades es para autoridades que cometen faltas administrativas. (En cambio) el prefecto Fernández está implicado en hechos delictivos que tienen que ser sometidos a la justicia ordinaria".

Fernández, llamado el "cacique de Pando", es acusado de dar protección a grupos irregulares que causaron el 11 y 12 de septiembre la muerte de al menos 18 personas, hecho que es investigado por el Parlamento boliviano y una misión de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

El gobierno de Bolivia, que ha nombrado a un prefecto militar interino en Pando, y la Fiscalía General de la Nación acusaron a Fernández de "genocidio" y "asesinato" por su presunta responsabilidad en la llamada "Matanza de Porvenir".

La sala penal de la Corte Superior de Chuquisaca declaró ayer procedente el recurso de habeas corpus a favor del ex prefecto Fernández y ordenó su excarcelación.

La defensa de Fernández argumentó que el prefecto de Pando debe ser sometido a un juicio de responsabilidades contra dignatarios como establece la Ley 2445 y no un juicio ordinario por actos delictivos como pretende el gobierno.

Los sistemas de seguridad de la cárcel pública de La Paz se reforzaron hoy ante la amenaza de grupos de campesinos y familiares de las víctimas de la llamada "Masacre de Porvenir" de tomar el penal, ubicado en el centro de La Paz, para evitar la liberación del ex prefecto.

"Estamos cansados de tanta injusticia. Ese señor (Fernández) no saldrá de la cárcel de La Paz. Estamos decididos a todo para impedir que salga libre", advirtió hoy Isaac Avalos, secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), una de las principales organizaciones sociales aliadas del gobierno.

Por su parte, el prefecto opositor de Santa Cruz, Rubén Costas, calificó de positivo el fallo judicial.

"Se hace justicia porque Leopoldo Fernández fue detenido injustamente", dijo.