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Carpintero había pedido su excarcelación, pero la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado se la denegó porque ya había estado más de 8 meses refugiado en Uruguay sin someterse a la Justicia argentina y con un consecuente pedido de captura en su contra.

Recién el martes pasado, en un barco de Buquebús, volvió a la Argentina y se presentó a la Justicia el ex agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que había sido separado de la fuerza, sospechado, con otro colega, de haber sido pilares de una red de espionaje informático a políticos, artistas y periodistas.

Aunque Carpintero pensaba quedar libre inmediatamente, la jueza Arroyo Salgado rechazó el pedido y ordenó su indagatoria por supuestamente haber revelado secretos políticos, un delito que tiene una pena máxima de 6 años de cárcel.

"Obviamente se negó a declarar -dijo el abogado Alejandro Soñis, defensor de Carpintero-. Como había estado alejado de la Justicia, los abogados no tuvimos acceso al expediente y no podíamos en media hora ver 19 cuerpos de investigación con toda la prueba y documentación de la causa".

A la espera de poder estudiar en detalle el material, Soñis aseguró que su cliente estuvo refugiado en Uruguay porque aquí no tenía las garantías suficientes, pero afirmó que "aunque parezca trillado, su familia y el alejamiento durante tanto tiempo de sus seres queridos lo hizo volver, sabiendo que tenía que enfrentar" el proceso penal.

Soñis y su colega Alejandro Farjat apelarán en las próximas horas a la Cámara Federal de San Martín el rechazo de la excarcelación, pero mientras tanto solicitaron que su cliente fuera alojado en una unidad que tuviera en cuenta su condición de ex miembro de fuerza de seguridad.

La Justicia investiga a una red de espías cibernéticos que durante más de un año y medio se "metieron" en computadoras y escuchas de importantes personajes, para traficar comercialmente la información que obtenían y hacer operaciones políticas.

Las víctimas de esas violaciones de secreto incluyeron a la presidenta Cristina Kirchner, ministros del Gabinete, jueces encabezados por el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y ricos y famosos como Susana Giménez y Gerardo Sofovich.

Iván Velázquez y Pablo Carpintero fueron señalados como la mano operativa de esos supuestos "hackeos", pero en abril del año pasado desaparecieron del país rumbo a Uruguay diciendo que aquí estaban siendo perseguidos por una interna de la Secretaria de Inteligencia de Estado (SIDE) porque -según su versión- habrían actuado así por órdenes cruzadas de directivos de la central de espías.

Velázquez continúa en Uruguay; había sido detenido allí por un caso de coimas, fue excarcelado y cayó nuevamente preso hace unas semanas en el país vecino.