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El tribunal confirmó igualmente la condena a cadena perpetua a otros tres militares argentinos: los capitanes de navío Jorge Eduardo Acosta y Raúl Vildoza, así como el contralmirante Antonio Vañek.

El quinto militar juzgado y condenado por el mismo caso, el prefecto naval Héctor Antonio Febres, murió en diciembre del 2007.

Los militares, que operaban en el centro clandestino de detención y tortura de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) en Buenos Aires, estuvieron ausentes del proceso y, por lo tanto, fueron juzgados en rebeldía, como lo prevé la legislación italiana.

Los oficiales argentinos fueron condenados por el homicidio premeditado de Angela María Aieta --madre del líder de la Juventud Peronista Dante Gullo--, secuestrada el 5 de agosto de 1976, así como de Giovanni Pegoraro y su hija, Susana, ambos secuestrados el 18 de junio de 1977.

Todas las víctimas tenían nacionalidad italiana y pasaron por la ESMA.