Sábado, 16 de mayo de 2009 | Hoy
19:22 › ORDENADO A RAíZ DE DENUNCIAS POR MALOS TRATOS
Al menos 16 chicos continuaban este mediodía resistiendo el desalojo en el Hogar San José Obrero, situado en el barrio porteño de Chacarita y perteneciente a la Fundación Felices los Niños, que sostuvo que la decisión judicial "no se ajusta a derecho".
Sin que se registraran incidentes como los que ocurrieron anoche en la calle Charlone 753, donde funciona el hogar del sacerdote Julio Grassi, vecinos de la zona y voluntarios de la fundación se manifestaban en la puerta del lugar reclamando que se dé marcha atrás con la orden de desalojo.
Ricardo Barrios, abogado de la Fundación Felices los Niños, aseguró que "aproximadamente entre 15 y 16 chicos" permanecían encerrados en el hogar y adelantó que presentó a la Justicia "un hábeas corpus".
Barrios indicó que la medida de desalojo dispuesta por la jueza Myriam Rustán de Estrada "no se ajusta a derecho" y ha provocado "impotencia y sorpresa" en la fundación.
La magistrada ordenó el desalojo por varias denuncias por hechos violentos, entre ellos supuestos casos de malos tratos contra los menores.
"Estoy enojado con todo el sistema judicial, parece una pesadilla. Pido mesura y calma a la justicia, que tomó la peor decisión", añadió el letrado en declaraciones al canal C5N.
Luego recalcó que "no se está desalojando a una institución, sino a una obra y a chicos que están contenidos".
Barrios cuestionó que "nadie explica como continuará la vida de estos chicos" que son sacados del hogar de Chacarita, ya que "muchos de ellos no tienen familia".
Anoche, un grupo de personas, entre ellas niños y adolescentes, fue reprimido a golpes de bastones por efectivos la Guardia de Infantería durante el desalojo.
Los momentos de mayor tensión se registraron cerca de las 22 cuando vecinos y allegados a la Fundación Felices los Niños impidieron la salida del hogar de una camioneta del Consejo del Menor de la Ciudad de Buenos Aires, que sufrió destrozos en su carrocería.
El desalojo fue ordenado por Rustán de Estrada, que dispuso ubicar a los niños en otras instituciones, sobre la base de un dictamen de la Defensoría de Menores 4 a cargo de Marcelo Jalil.
La denuncia inicial fue radicada por el obispo auxiliar y vicario episcopal de la zona Belgrano de la Arquidiócesis de Buenos Aires, monseñor Horacio Benites Astoul, quien alertó sobre el supuesto intento de suicidio de un nene de ocho años.
El defensor de menores Jalil ordenó el secuestro de los legajos de todos los niños alojados en el Hogar y habría encontrado supuestos malos tratos y abusos.
Según el fallo de la jueza, el hogar "es un sitio en el que se instaló la ley de la selva, el miedo, las amenazas, los golpes y el maltrato, además de las prácticas sexuales con los más débiles y pequeños".
La entidad estuvo intervenida desde octubre del año pasado, pese a lo cual y ante la posibilidad de que fuera devuelta a personas cercanos a sus anteriores responsables, la jueza Rustán de Estrada dispuso su desalojo y la reubicación de los niños en otros institutos en el término de 15 días.
Grassi afronta un juicio por 17 presuntos hechos de abuso y corrupción de menores cometidos contra los jóvenes "Luis", "Gabriel" y "Ezequiel", que estaban bajo su cuidado.
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