Martes, 26 de mayo de 2009 | Hoy
18:26 › FUE UN CENTRO DE APRENDIZAJE DE TORTURAS PARA MILITARES LATINOAMERICANOS
Un proyecto de ley impulsado por 42 legisladores propicia cerrar la Escuela de las Américas, creada por el Departamento de Defensa en 1946 y acusada de instruir a militares latinoamericanos en técnicas de tortura.
El proyecto, denominado Ley de revisión del entrenamiento militar latinoamericano, busca "suspender la autoridad del Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación de la Seguridad (antes llamado Escuela de las Américas)", que fuera creado en 1946 por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, para instruir a militares y civiles de América Latina.
El Instituto está acusado de educar a través de manuales traducidos al español y expedidos por la cartera de Defensa, sobre "técnicas de combate, tácticas de comando, inteligencia militar, y técnicas de tortura", según señala el Observatorio de la Escuela de las Américas (School of the Americas Watch) dedicado a denunciar las actividades llevadas a cabo por latinoamericanos graduados en la institución.
Desde su creación fueron entrenados más de sesenta y un mil soldados latinoamericanos. Entre ellos, los argentinos Leopoldo Fortunato Galtieri y Roberto Viola, ambos acusados de violar los Derechos Humanos durante la última dictadura militar en la Argentina, durante la década del setenta.
"Cientos de miles de latinoamericanos fueron torturados, violados, asesinados, desaparecidos, masacrados y obligados a refugiarse por soldados y oficiales entrenados en esa Escuela", agrega la ONG desde su página oficial.
La investigación está copatrocinada por cuarenta y dos legisladores norteamericanos, entre ellos Henry Waxman de California y Maurice Hinchey y José Serrano de Nueva York, apunta a identificar a los individuos "responsables por elaborar o aprobarö los manuales que "apoyaban tácticas que violaban la ley internacional", así como a las personas "responsables de enseñar tales tácticas" y determinar "los efectos de tales entrenamientos".
Una vez concluido el período establecido de dos años y constatadas las violaciones a los derechos humanos realizadas por los egresados de la Escuela que depende de los Estados Unidos, debería procederse al cierre definitivo de la institución.
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