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La Oficina Nacional Electoral, dependiente de la Corte Electoral, alcanzó ayer la validación de 258.326 firmas requeridas -el 10 por ciento del padrón electoral- para habilitar a un nuevo referendo en las elecciones presidenciales del 25 de octubre.

El nuevo paso en busca de la consulta se produce a 20 años de una primera consulta en 1989 que refrendó la norma, y 23 años después de que la Ley 15.848 fue aprobada por el Parlamento durante el gobierno de Julio María Sanguinetti.

El control de firmas dejó sin cotejar más de 50 mil adhesiones y el nivel de descarte fue del 9 por ciento según el escrutinio, cuyos resultados son entregados formalmente entre hoy y mañana a la Corte Electoral.

De esta manera, y aunque resta el anuncio formal, están las condiciones dadas para que en octubre, con las elecciones presidenciales y parlamentarias, se plebiscite la también llamada Ley de Impunidad.

La norma se encuentra en vigor desde 1986 y amnistió -salvo excepciones- a policías y militares acusados de violar los derechos humanos.

"Así como estaba seguro de que alcanzaríamos el plebiscito con la recolección de firmas, hoy estoy seguro de que los uruguayos vamos a anular la Ley de Caducidad con los votos de los demócratas de todos los partidos políticos", dijo Luis Puig, de la secretaría de Derechos Humanos de la central obrera PIT-CNT.

La central sindical impulsó con organizaciones sociales y de derechos humanos, aglutinadas en una Coordinadora, la campaña nacional de recolección de firmas que arrancó el 4 de septiembre de 2007 y finalizó el 24 de abril cuando se entregó ante el Parlamento las 340.043 boletas con las firmas en respaldo de la consulta.