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Rivera, designado por sus colegas de la Corte Suprema para resolver la causa, argumentó que "antes y después de que se produjo la captura del señor Zelaya, los imputados recibieron información en el sentido de que el país corría un peligro grave, realmente e inminente no sólo en el orden institucional sino en cuanto a la pérdida de numerosas vidas humanas".

Los generales actuaron para "preservar la democracia de la república y evitar el derramamiento de sangre, entre los que pudo estar el propio señor Zelaya", indica la resolución.

Zelaya había convocado para el 28 de junio una consulta popular cuyo objetivo era reformar la Constitución para permitir la reelección presidencial, que había sido prohibida por la misma justicia que sostuvo el golpe y ahora sobreseyó a sus responsables.

La Fiscalía presentó a la Corte Suprema el 6 de enero un requerimiento contra los seis jefes militares, medida que el mandatario depuesto criticó afirmando que era un "truco" para lograr la impunidad de los oficiales.

Entre los inculpados estaba el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez.

Había en Honduras "tal peligro por las acciones de los seguidores del señor Zelaya, entre los que se encontraban personas originarias de otros países", dice la resolución del juez.

Los militares expulsaron a "Zelaya del país, ya que si se quedaba aquí había suficiente evidencia de que podría haber ocurrido un hecho sangriento", dijo el abogado de los generales, Juan Carlos Cantillano.