[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

La resolución del tribunal de alzada confirma la imputación de "asociación ilícita", que en su fallo de primera instancia había incluido el juez federal Norberto Oyarbide, en la causa en que se investiga una presunta "mafia de medicamentos" que adulteraba remedios y los vendía a obras sociales. En cambio, la Cámara dispuso las libertades del resto de los imputados pero ratificó los procesamientos de Solange Bellone, viuda de Sebastián Forza, dueño de Pharma Group y una de las víctimas del "Triple Crimen" de General Rodríguez, y los miembros de la droguería Del Plata, Alejandro Martino, Alexia Bergalli y Bernardo Hogan.

Igual medida adoptó hacia el ex funcionario de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT) Miguel De Marcos; su hijo Martín, socio de la droguería Bisol; y María Victoria Berisso, secretaria de Lorenzo.

Zanola y Lorenzo, que están detenidos en el penal bonaerense de Marcos Paz, afrontan la acusación de ser presuntos jefes de una asociación ilícita en la compra-venta de remedios adulterados a obras sociales, como la bancaria (OSBA), entre otras, y Aballay como organizadora de la presunta banda.

En la causa se investiga la venta, por parte de droguerías, de medicamentos oncológicos, hemofílicos y para el SIDA falsos, además del cobro al Estado, a través de la APE, de tratamientos médicos que nunca se habrían realizado.

La Cámara también le ordenó a Oyarbide que cite a declaración indagatoria a Héctor Capaccioli, ex Superintendente de Servicios de Salud y recaudador de la campaña presidencial de Cristina Fernández, cosa que ya le había solicitado el fiscal de la causa, Luis Comparatorte.

A raíz de la investigación, el Gobierno debió intervenir la obra social La Bancaria y el Policínico Bancario. Luego de ello la intervención informó al juzgado que la obra social bancaria "tendría una deuda de 500 millones de pesos, un déficit mensual de 5 millones y que no pagaba aportes previsionales ni los salarios a tiempo". También reportó que nominalmente aparecían 170 mil afiliados cuando, en realidad, había 117 mil, además de todos los atrasos en la entrega de medicación y el déficit en las prestaciones.