Las manifestaciones estaban organizadas en numerosas ciudades francesas y frente a las embajadas francesas de varias ciudades de la Unión Europea (UE), convocadas por decenas de organizaciones con el apoyo de sindicatos y de partidos de oposición (incluido el Partido Socialista, el Partido Comunista y los Verdes).

El presidente francés, Nicolas Sarkozy, salpicado por el escándalo político-financiero que afecta a su ministro de Trabajo, Eric Woerth, y en horas bajas según los sondeos, trató de retomar pie a finales de julio anunciando un endurecimiento de su política de seguridad tras diversos sucesos delictivos muy mediatizados.

Pero al anunciar el desmantelamiento de campamentos ilegales de gitanos y la posibilidad de retirar la nacionalidad a ciertos criminales de origen extranjero, Nicolas Sarkozy, provocó la indignación de la oposición y la preocupación de la ONU, de la Comisión Europea y del Vaticano.

"Para mí es un día de combate contra el racismo y la xenofobia", lanzó el alcalde de París, el socialista Bertrand Delanoe. "No aceptamos el veneno que está instilando el gobierno de nuestra República", dijo la jefa de los verdes, Cécile Duflot.

La ONU llamó a finales de agosto a Francia a "evitar" los "discursos políticos discriminatorios". Esta semana, por primera vez, el ministro rumano de Relaciones Exteriores, Teodor Baconschi, criticó el reenvío de gitanos.

Francia respondió a las críticas el martes diciendo ante la Comisión Europea, que había manifestado reservas, que la política de expulsiones de gitanos respectaba "escrupulosamente" el derecho europeo. Francia "no estigmatiza a nadie", dijo el ministro de Asuntos Europeos, Pierre Lellouche.

Unos 15.000 gitanos del Este de Europa viven en Francia a menudo en condiciones precarias. Los gitanos se benefician de las reglas de libre circulación de la UE, pero si al cabo de tres meses de residencia en Francia, no justifican domicilio ni fuentes de ingresos, quedan en situación ilegal y pueden ser expulsados.