Martes, 16 de noviembre de 2010 | Hoy
23:51 › CASO FERREYRA
El delegado ferroviario Pablo Díaz insistió en negar ante la jueza de instrucción Susana Wilma Lóṕez y la fiscal Cristina Caamaño haber sido el "reclutador" de los activistas que formaron parte del grupo que atacó a militantes de izquierda el 20 de octubre pasado en las vías de la línea Roca, durante una marcha de trabajadores del ferrocarril, donde murió de un balazo el joven militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra. Además de Díaz, también ampliaron sus declaraciones los empleados ferroviarios Salvador Pipito y Jorge González. Los tres continuarán detenidos.
El argumento de Díaz fue el mismo que esbozó frente a la jueza semanas atrás, cuando declaró por primera vez. "Niegan todo, no dicen nada y no saben nada", resumió una fuente judicial respecto del poco aporte para la causa de las declaraciones de los acusados, a los que se les exhibieron videos y si bien se reconocieron en las imágenes, se desligaron de toda responsabilidad en las agresiones.
Las ampliaciones de las declaraciones fueron convocadas para hacerles saber a los imputados las nuevas pruebas en su contra que se recolectaron en la investigación, después de la primera vez que comparecieron en el expediente.
Ayer también volvieron a declarar los barras bravas Cristian "Harry" Favale y Gabriel "Payaso" Sánchez, quienes fueron careados y se acusaron mutuamente de haber cometido los disparos, y el empleado ferroviario Juan Carlos Pérez. Favale acusó de ello a Sánchez y éste lo negó y dijo no conocerlo, al tiempo que le preguntó: "¿Qué hacías ahí si no sos ferroviario?". No obstante, La jueza y la fiscal están esperando los resultados de las pericias balísticas que ordenaron a Gendarmería y un entrecruzamiento de llamadas.
Todos están acusados de haber formado parte de "un grupo u organización" convocada por la Unión Ferroviaria (UF) pero la imputación puntual a cada uno y su rol en el hecho se conocerá cuando la jueza López resuelva sus situaciones procesales.
En la causa hay un séptimo detenido, el empleado ferroviario Guillermo Armando Uño, sobre quien no estaba definido si mañana también será citado para volver a declarar.
La magistrada levantó ayer el secreto de sumario de la causa y los abogados de los siete acusados comenzaron a tomar copias de la causa, en la que se investiga el ataque de una patota de la UF a empleados tercerizados que intentaron cortar las vías del tren Roca para protestar por sus despidos, para lo cual contaron con el apoyo de militantes de partidos de izquierda.
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