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La Corte Suprema, que denunció hace años la precariedad y los riesgos que enfrentan los presos en los penales chilenos, comenzó apreparar un informe sobre lo sucedido en la Cárcel de San Miguel.

La polémica, cruzada por el hecho de que varios de los fallecidos estaban detenidos por primera vez por delitos menores como vender CD en la calle, amenaza con escalar en medio del dolor de los deudos.

El ministro de Justicia, Felipe Bulnes, deslizó que tal vez hubo un celo excesivo en las políticas represivas, que elevaron en un 40 por ciento la población penal en siete años. "Siento que la sociedad ha solicitado a gritos que cualquier tipo de delincuente entre a la cárcel", opinó.

Todavía hay 50 cuerpos sin identificar debido a las quemaduras y sólo exámenes dentales y de ADN podrían resolver el problema, en un plazo de varias semanas, admitió el gobierno.

El director del Servicio Médico legal (morgue), Patricio Bustos, prometió celeridad y pidió ayuda a los deudos para lograr las individualizaciones.

"Comenzamos con la toma de muestras para iniciar los procesos identificatorios en base a comparación dental y en último momento de carácter genético", detalló.

Paralelamente, los cuerpos de otros 17 occisos fueron entregados a sus familias, quienes comenzaron sus velorios en medio de llantos.

El incendio este miércoles en el cuerto piso de la Torre 5 de la Cárcel de San Miguel es la peor tragedia carcelaria en la historia de Chile.