Después del pedido de celeridad a los camaristas por parte de la Secretaría de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos de Diputados, por el deterioro progresivo de la salud de Martino y por la connotación política que tendría su detención, la Sala Cuarta de la Cámara, con las firmas de los jueces Mariano González Palazzo, Augusto Diez Ojeda y Gustavo Hornos, rechazó un planteo de la defensa de Martino.

Casación rechazó el recurso interpuesto por el abogado Ernesto Alderete, defensor de Martino, y ratificó la prisión preventiva sostenida en las instancias anteriores, al sostener que "el imputado se mantuvo al margen de los influjos del proceso penal durante un año" y destacar "la grave imputación que pesa sobre él y su expectativa punitiva".

El pedido de la defensa buscaba que el dirigente no llegue a juicio oral por tenencia de material inflamable, de documento ajeno y de arma de guerra en prisión. Los integrantes del FAR, el Movimiento Teresa Rodríguez y otras organizaciones sostiene que si Martino llegará a ser condenado recibiría una pena de ejecución condicional y en libertad, por lo que entienden que continúa detenido como "preso político".

El dirigente fue detenido el 4 de mayo tras haber encabezado en 2009 una protesta contra un acto por el 61 aniversario de la fundación del Estado de Israel, en Avenida de Mayo y Perú. El juez Claudio Bonadío había dictado su procesamiento, que luego confirmó la Cámara.