Por lo menos 7000 manifestantes marcharon frente al palacio presidencial de La Moneda, aledaño a ministerios y empresqas de servicios públicos, en señal del apoyo a sus demandas. La protesta, suspendida la semana pasada por la muerte de 81 presos en la Cárcel San Miguel de Santiago, busca conseguir un alza de al menos un 5 por ciento en las remuneraciones del sector.

El aumento, que el gobierno propone que sea de 4,2 por ciento, será votado este martes en el Congreso, donde ya fue rechazado en la Cámara Baja que estimó insuficiente la oferta del Ejecutivo.

La diputada de la Democracia Cristiana, Carolina Goic, anticipó en ese contexto que la oposición de centro izquierda volverá a rechazar la propuesta del gobierno, si no se cumplen las expectativas de los trabajadores.

La huelga, que se suma a otra serie de protestas y marchas del sector en el año, también pide el cese de los miles de despidos que afectaron al gremio este año, con la llegada de la derecha al poder. El gobierno dice que la medida, largamente anunciada, fue aplicada a funcionarios no aptos o de confianza de la administración anterior, liderada por la socialista Michelle Bachelet hasta marzo. En total, unos 5000 a 8000 funcionarios -según diversas versiones- fueron cesados en sus cargos los últimos meses.