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En el Centro de Detención Preventiva Santiago Sur, un recinto ubicado en las cercanías del centro de Santiago, cientos de presos protestaron en la noche de ayer tras una orden de allanamiento decretada por la Gendarmería. En tanto, en la cárcel de Quillota, un recinto penal en la vecina región de Valparaíso, los internos provocaron incendios y se enfrentaron con sus custodios durante esta mañana. La semana pasada, el presidente Sebastián Piñera calificó como "inhumanas" las condiciones de los penales chilenos y a estimó que "el sistema penitenciario no resiste más". Además, se dispuso una inversión de 460 millones de dólares para mejorar las condiciones carcelarias.

El ministro de Justicia, Felipe Bulnes, señaló que los "desórdenes" en Santiago Sur -donde la superpoblación carcelaria supera el 200 por ciento- dejaron 60 gendarmes heridos, aunque la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería entregó un número distinto, señalando que fueron 104 lesionados en total: 86 internos y 18 gendarmes.

El ministro explicó que los desórdenes se iniciaron cuando la Gendarmería dispuso el allanamiento de algunas celdas, para detectar objetos prohibidos, algo que se realiza habitualmente y en la que esta ocasión derivó en la incautación de 120 armas blancas, 16 teléfonos celulares y bebidas alcohólicas.

Sin embargo, familiares de los reclusos acusaron que se trató de una represión policial, debido a que algunos internos pretendían iniciar una huelga de hambre para solidarizarse con los reclusos que murieron tras el incendio en la cárcel de San Miguel. El siniestro, considerado como la peor tragedia carcelaria en la historia de Chile, desnudó las precarias condiciones de los penales chilenos, poniendo presión los días posteriores en otros recintos carcelarios.

Unos 53.000 reclusos están recluidos en las cárceles chilenas, que tienen una sobrepoblación de un 70 por ciento, pero en penales como el de San Miguel el nivel de hacinamiento llega al 90 por ciento. Las cárceles chilenas adolecen también de una carencia de custodios, con un déficit de más de 7.000 funcionarios a nivel nacional, según los datos de Gendarmería.