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Según los ambientalistas, el funcionario no avanza en la implementación de la norma, que fue promulgada en octubre pasado por la presidenta Cristina Fernández. Pero desde el ministerio de Ambiente señalaron el escollo que significan las cautelares.

La provincia del gobernador José Luis Gioja presentó una medida judicial en la que reclama, de acuerdo a la reforma constitucional de 1994, que el manejo de los recursos naturales son potestad provincial.

Mientras tanto, asambleas ciudadanas y organizaciones sociales vienen denunciando la contaminación y el gran uso de recursos, como agua y gas, que provoca la explotación minera.

"La actitud de Mussi es vergonzosa para un secretario de Ambiente, porque reconoce que no aplica la Ley de Glaciares a pedido de las mineras", opinó Hernán Giardini, coordinador de la campaña contra el Cambio Climático de Greenpeace.

Giardini señaló que el funcionario utiliza "excusas" que "son ridículas", porque "debería haber reglamentado la ley y definido el listado de áreas prioritarias para elaborar el inventario de glaciares y ambiente periglacial a fin de revisar el impacto ambiental de los emprendimientos mineros mediante auditorías".

El representante ambientalista destacó que la demora en la aplicación de la norma también retrasa "la revisión de obras y actividades que están en ejecución y pueden estar afectando" los glaciares". "Si no se realiza el inventario en época estival se corre el riesgo de retrasarlo un año más", afirmó Giardini en un comunicado.

El 5 de enero pasado, 47 organizaciones ambientalistas y sociales de todo el país pidieron una audiencia a Mussi para reclamar la aplicación de la Ley de Glaciares, suspendida por un fallo judicial.

La norma, que fue aprobada por el Senado en setiembre pasado y promulgada un mes después por la presidenta, establece el inicio del inventario de glaciares y del ambiente periglacial. Tras la aprobación de la ley en el Senado, el gobernador Gioja habló en cadena provincial para solicitarle a los sanjuaninos que no le dejen solo.

En noviembre de 2010, el juez federal de San Juan, Miguel Angel Gálvez, dictó tres medidas cautelares que suspendieron la aplicación de la Ley 26.639. El magistrado aceptó las presentaciones efectuadas en su momento por el gobierno sanjuanino, la Cámara Minera provincial y las empresas que llevan a cabo emprendimientos mineros en las zonas de los glaciares cordilleranos.

La entrada en vigencia de la ley también fue reclamada tiempo atrás por 39 diputados y senadores nacionales, quienes "repudiaron cualquier acto que suspenda" su aplicación" y "ponga en riesgo la institucionalidad del Congreso de la Nación y su capacidad de dictar leyes".