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Oyarbide cursó sus pedidos a los jueces en lo Penal Económico Alejandro Catania y de Instrucción Javier Ríos, a cargo de los expedientes por el embarque de cocaína a España y el asesinato del sindicalista de la Obra Social del Personal de Maestranza, respectivamente.

La decisión de Oyarbide coincidió con dos dictámenes del fiscal federal Luis Comparatore, quien había sugerido que el juez "certificara" las causas que instruyen Catania (actualmente subrogado por Rafael Caputo) y Ríos, para ver si, como lo consignó, tienen puntos en común y pruebas útiles para su investigación. Para la fiscalía, la megacausa por la venta de medicamentos adulterados, vencidos o de distribución gratuita, en la que están detenidos, entre otros, el titular del gremio bancario Juan José Zanola, su pareja, Paula Aballay, y el empresario Néstor Lorenzo, tiene "elementos en común", con la del homicidio de Rodríguez.

"Teniendo en cuenta la íntima conexión que, a lo largo de estos días se ha ido revelando" entre las dos causas "considero que se impone la necesidad de tramitar ambos procesos ante una misma sede", expuso el fiscal en el dictamen que el viernes último entregó a Oyarbide en su despacho de los tribunales de Retiro.

Un par de días antes, Comparatore había dictaminado algo similar con relación al sumario que tramita en la Argentina por la droga descubierta el 2 de enero último en el aeropuerto de Barcelona, hecho por el que están detenidos en esa ciudad los hermanos Eduardo y Gustavo Juliá y Matías Miret.

Hace una semana, en una conferencia de prensa tras una docena de procedimientos que incluyeron allanamientos en farmacias y domicilios y siete detenidos, Oyarbide dijo que no se debía descartar la vinculación del homicidio del titular de la Obra Social de Personal de Maestranza, Rodríguez, con la pesquisa que él realiza. Esa obra social es una de las que el magistrado investiga en el marco de una red de farmacias y droguerías implicadas en la comercialización ilegal de medicamentos.

En tanto, en la investigación argentina por el narcoavión, declaran más testigos vinculados con la base aérea de Morón. La primera tanda de testimonios, integrada por siete oficiales de la Fuerza Aérea, terminó el 31 de enero y todos los que declararon coincidieron en que no estaban al tanto del denominado "narcoavión".

El juez Caputo, que subroga a su par Alejandro Catania, quien se encuentra en uso de licencia, prevé tomar declaración a unos 200 empleados de la base aérea en la que estuvo estacionado el avión Challenger 604 que, el 2 de enero llegó con 944 kilogramos de cocaína de máxima pureza al aeropuerto de El Prat, en Barcelona, tripulado por Gustavo y Eduardo Juliá y Matías Miret.

El pasado viernes, Caputo dispuso prorrogar por diez días más el secreto de sumario que pesa sobre la causa, cuyo plazo comenzará a computarse a partir de este lunes, fecha en la que vencía la reserva dictada anteriormente.